Médicos Sin Fronteras alerta del “alto coste humano” de las políticas migratorias europeas: “Se basan en la seguridad, no en la protección”

“Intentamos cruzar el río entre Turquía y Grecia y entonces vimos cómo unos policías venían con una lancha que chocó contra nosotros, lo que hizo que nuestra embarcación volcara (…) Estaba oscuro, no vi lo que pasó, pero los policías intentaron meternos la cabeza en el agua y uno de mis amigos murió así. Después de eso, intenté ir a Italia en una embarcación en la que viajábamos 110 personas y, cuando se empezó a hundir, los capitanes no nos dejaron salir y tuvimos que romper la puerta para salir y pedir ayuda, aunque no había nadie”. Este es tan solo un testimonio de las más de 8.400 personas migrantes que han sido rescatadas entre agosto de 2021 y septiembre de 2023 en el Mar Mediterráneo por el barco Geo Barents que gestiona Médicos Sin Fronteras (MSF), organización que este miércoles publica un nuevo informe sobre cómo las políticas migratorias de la Unión Europea “están normalizando la violencia como forma de disuasión para evitar que las personas que se desplazan en busca de seguridad y protección encuentren refugio”.

“Este informe denuncia las consecuencias absolutamente terribles de esta crisis generada por esas políticas europeas que solo se basan en la seguridad y no en la protección de estas personas”, explica Raquel González, coordinadora de Médicos Sin Fronteras en España, donde llevan años alertando del “enorme coste humano” que implican esas políticas. “Es necesario atacar de raíz los problemas estructurales como el racismo, la discriminación y deshumanización de las personas no europeas que tratan de llegar al continente en busca de protección y seguridad”, añade González.

La organización humanitaria asegura que “esas tácticas violentas de expulsión han ido aumentando” desde la llamada crisis migratoria de 2015, cuando llegaron miles de migrantes y refugiados a las costas europeas, y desde año vienen reclamando a la UE y a sus Estados miembros que “asuman su responsabilidad a la hora de atender las necesidades urgentes de asistencia y protección” de estas personas. Sin embargo, lejos de mejorar, añaden desde MSF, “se ha arraigado una normalización de la violencia contra refugiados y migrantes, con importantes inversiones de las instituciones de la UE en terceros países como Níger y Libia”, donde a menudo se bloquea o se devuelve forzosamente a las personas.

Rescate de varias personas migrantes. (Médicos Sin Fronteras)

Un ejemplo de esta inversión, explican, son los guardacostas libios, que interceptan de forma rutinaria a personas en el mar y las encierran en centros de detención en Libia, donde MSF pudo documentar cómo sufrían unas “condiciones de vida deplorables”. Además, en otros países como Níger, Serbia y Túnez se dan patrones similares de violencia externalizada desde la UE y de denegación de acceso a la asistencia sanitaria básica y a la seguridad de migrantes y refugiados.

Esta violencia, no obstante, también “está bien documentada dentro de las fronteras de la UE”, pues los equipos de la organización han comprobado cómo se producen expulsiones en países como Polonia, Grecia, Bulgaria y Hungría, que cuentan con más de 2.000 kilómetros de muros y vallas fronterizas “a menudo coronados con alambre de espino y reforzados con cámaras de vigilancia y drones”, dispositivos que en muchas ocasiones causan lesiones. “Esta arquitectura se complementa con diversas fuerzas de seguridad encargadas de hacer cumplir la ley, cuyas violentas represiones contra quienes buscan seguridad, incluido el trato degradante, han provocado lesiones físicas y trastornos de estrés postraumático”, detalla la organización.

Por todo ello, indica MSF, la UE y sus Estados miembros deberían realizar un “cambio urgente de rumbo, aplicando soluciones significativas en lugar de crear pactos a través de una lente puramente de seguridad”.

En cuanto a España, el repunte de llegadas de personas migrantes a Canarias, donde solo en enero de este año han arribado 7.270 según datos del Ministerio del Interior, “confirma la emergencia estructural esta ruta, que también fue la ruta europea que más creció, lo cual representa un desafío porque, aunque las condiciones de acogida son medianamente respetables, el país está securitizando cada vez más sus fronteras”, señala a Infobae González.

La coordinadora de la organización también recuerda que España “ha retrocedido en concesiones de protección” a pesar de que 2023 fue el año que más solicitudes recibió: solo se reconoció el asilo a 12 de cada 100 personas, un 4,5% menos que el año anterior. Además, las personas migrantes siguen teniendo enormes dificultades para acceder al procedimiento de asilo en todo el territorio.

Fuente: Infobae