El acuerdo firmado por el Reino Unido con Ruanda encendió las alarmas de la oposición, de las Naciones Unidas y de organizaciones defensoras de los derechos humanos. El convenio establece que los refugiados que ingresen al Reino Unido por el Canal de la Mancha serán enviados a Ruanda, a 6400 kilómetros de distancia, para que les den asilo y se instalen en ese país africano.

A cambio de la recepción de los migrantes, el gobierno de Boris Johnson se compromete a un aporte inicial de 157 millones de dólares para la integración de estas personas en la nación africana. La artifice del acuerdo es la ministra del Interior, Priti Patel, junto a su par ruandés Vicent Biruta.

Ambos funcionarios califican la medida como audaz e innovadora y creen que proporciona medios legales, seguros, organizados y controlados para mejorar la vida de las personas. El objetivo declarado del gobierno británico es recuperar el control fronterizo tras el Brexit y terminar con los grupos que trafican personas a través del Canal de la Mancha.

Desde Ruanda, en tanto, señalan que el acuerdo les permite mejorar su infraestructura y los posiciona como país eficiente y capaz de atraer inversiones extranjeras. En 2021, 28500 personas que huyeron de la miseria y las guerras, atravesaron el canal de la mancha. En lo que va del 2022, ya son más de 6000 refugiados que atravesaron el canal.

Tras el rechazo de la oposición laborista, el primer ministro británico sabe que la instrumentación del acuerdo va a demorarse a raíz de las presentaciones judiciales que deberá enfrentar. A la controversia interna, se le suma la de la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados.

La alta comisionada auxiliar de ACNUR, Gillian Triggs, dijo que las personas que huyen de guerras, conflictos y persecuciones merecen compasión y empatía y rechaza que sean transportadas al extranjero como mercancía.

Los principales referentes de la Iglesia anglicana se pronunciaron en el mismo sentido. A estas preocupaciones, se suman voces críticas hacia Ruanda, por ser un país que incurrió en violaciones a los derechos humanos y que fue denunciado en diversas oportunidades en Naciones Unidas y por organizaciones defensoras de los derechos humanos.

La mirada internacional sobre el presidente ruandés Paul Kagame tiene dos ópticas. Algunos admiran el crecimiento económico, el bienestar y la estabilidad alcanzada por el país, sin analizar los medios utilizados para lograrlo. Otros, consideran inaceptables e injustificables los atropellos a los derechos humanos y las libertades impuestos por su gobierno, convertido en un virtual régimen de partido único para obtener ese resultado.

Fuente: tvpublica.ar