27 DE FEBRERO DE 2021 00:00
En medio de todos los males que nos aquejan, los nuevos contagios, la falta de certidumbre en las elecciones, la masacre de presos, se nos añade la situación de los migrantes venezolanos en Huaquillas. Son personas que quieren llegar a Perú y Chile cuando en esos países se les cierran las puertas. Nuestro país se convierte así en un país de tránsito, que no tiene cómo ofrecerles un lugar seguro. El alcalde de Huaquillas hace un llamado desesperado porque no sabe qué hacer con tanta gente en las calles sin poder ofrecerles lo que requieren: techo, cama, comida, atención sanitaria.
Ya había sucedido una situación semejante en agosto de 2018 cuando Ecuador puso como requisito un pasaporte a los migrantes, y los que intentaron pasar se quedaron al sur de Colombia: miles de venezolanos varados después de que se impusiera esta nueva restricción de entrada a nuestro territorio.
Perú inició a finales de enero de este año una movilización de medio centenar de unidades blindadas y motorizadas del Ejército a lo largo de los 158 km de frontera con Ecuador en un intento por controlar el ingreso de inmigrantes indocumentados. Imágenes del despliegue militar, en el que participaron cerca de 1.200 efectivos y más de 50 vehículos militares, se volvieron virales. El gobierno del Perú adujo que el cierre de frontera estaba destinado a detener la entrada de venezolanos indocumentados y posiblemente contagiados de COVID-19.
Lo cierto es que al menos mil migrantes se quedaron a este lado de la frontera. Los venezolanos no siempre poseen documentación en regla, y entre ellos se encuentran mujeres embarazadas y niños. Esta situación se convirtió en una emergencia humanitaria, pues a los migrantes varados en un país de tránsito se les puede negar el derecho a permanecer legalmente, pero no pueden regresar a sus países de origen debido a la inseguridad continua a la que tendrían que enfrentarse. Los migrantes pueden volverse indigentes y vulnerables a los abusos, por lo que requieren protección y asistencia.
En el año 2018 la Defensoría del Pueblo del Ecuador hacía un llamado a las autoridades ecuatorianas para proteger los derechos humanos de los migrantes, recordándoles que la Constitución de la República del Ecuador “incluye el reconocimiento del derecho a migrar y la prohibición de criminalización de la movilidad humana (art. 40); reconoce la igualdad de derechos entre personas ecuatorianas y extranjeras (art. 9); prohíbe la discriminación por condición migratoria y origen nacional (art. 11, num. 2), y obliga al Estado a atender situaciones de emergencia humanitaria (art. 41)”.
Afortunadamente a principios de este mes, el Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio de su viceministro de Movilidad Humana, Carlos Alberto Velástegui, organizó una mesa de trabajo en Huaquillas en la que se reafirmó el compromiso y disposición de las entidades nacionales y de la cooperación internacional –especialmente de las agencias de Naciones Unidas– para permitir una respuesta integral que proporcione a los migrantes garantías para su permanencia en el país. El gobernador de la Provincia de El Oro y el alcalde de Huaquillas agradecieron por el apoyo brindado para tratar la situación migratoria que existe en su territorio.
Sin embargo, cientos de venezolanos se mantienen deambulando y ocupando parques y otros espacios públicos de Huaquillas ante el temor y la imposibilidad de llegar a Perú. Si bien la medida de cierre de frontera está diseñada para disuadir y prevenir la migración irregular, no necesariamente tiene el efecto deseado. Algunos migrantes mantienen su decisión de cruzar la frontera a pesar de la naturaleza extremadamente peligrosa del intento y aseveran que, al tratar de pasar, han sido blanco de disparos por parte de militares peruanos. Por otra parte, se conoce que el cierre ha multiplicado los pasos clandestinos. Eso aumenta los riesgos, costos y sufrimientos de los migrantes.
El mensaje del Papa Francisco para la 106º Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado está dedicado al drama de los desplazados, que la crisis mundial causada por la pandemia del COVID-19 ha agravado. Se trata de millones de personas que huyen del hambre, de la pobreza y la explotación, entre tantos otros peligros, con el anhelo de buscar un lugar seguro donde poder construir una vida mejor para ellos y sus seres queridos. El Papa enfatiza la trágica condición del migrante, marcada por el miedo, la incertidumbre y las incomodidades, realidad que los cristianos no podemos ignorar. Francisco nos recuerda que ellos, como Jesucristo, se han visto obligados a huir. Y por lo mismo, los debemos acoger, proteger e integrar. Promover la dignidad humana es responsabilidad de todos. (O)
Fuente: El Telégrafo.
