Colombia ha sido el principal receptor de los refugiados y migrantes venezolanos, por lo cual el gobierno colombiano ha creado políticas para ayudar a facilitar la regularización migratoria. Sin embargo, para los venezolanos han existido diferentes barreras para la incorporación e inclusión al campo laboral.
De acuerdo con la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), más de 1.8 millones de venezolanos se encuentran viviendo en Colombia, país que —según afirmaciones del centro de estudios jurídicos y sociales De Justicia— no estaba preparado ni contaba con la experiencia necesaria para atender a esta población ni económicamente, ni con mecanismos que permitieran acceder a un estatus migratorio regular (requisito para acceder a un empleo formal) y servicios sociales.
Esto se relata en el libro “Ser migrante y trabajar en Colombia: ¿cómo va la inclusión laboral de las personas provenientes de Venezuela?”, de las autoras e investigadoras Lucía Ramírez Bolívar, Lina Arroyave Velásquez y Jessica Corredor Villamil.
En el informe de la organización, donde se evidencia la realidad de la diáspora venezolana en el país vecino, se considera que la mayoría de las personas que han llegado a Colombia después del 2018 tienen menores niveles de escolaridad (UNGR, 2018) y limitados recursos económicos, en comparación con sus connacionales que llegaron antes a Colombia.
Esto “ha ocasionado que se enfrenten a mayores dificultades para acceder a la documentación necesaria para aplicar a un estatus migratorio regular”, suscitando que sea más complejo acceder a derechos como la salud, la educación, el empleo y la prevención de la explotación laboral.
Las barreras que enfrentan los migrantes venezolanos
Si ya es de difícil acceso para la misma población colombiana entrar al campo laboral, lo es aún más para las personas migrantes y refugiadas, pues garantizar el derecho al trabajo es un reto para un país como Colombia.
De hecho, De Justicia señala, citando al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que para 2021 en el mercado laboral colombiano se registró una tasa de informalidad del 48,4%. Para septiembre de 2022, la DANE actualizó sus datos e informó que la tasa de desempleo del total nacional se redujo 1,2 puntos porcentuales respecto al año anterior (13,3%), quedando en 10,7%.
Aún con esas estadísticas, el gobierno colombiano ha adelantado distintas acciones que van desde la atención humanitaria hasta la creación de permisos especiales para facilitar la regularización migratoria.
Para la abogada Lina Arroyave Velásquez, existen varias barreras que enfrenta la población migrante: legales, culturales y propias dentro del entorno laboral.
Lo más destacado en el aspecto legal es el tema de la regularización y la convalidación de títulos en carreras que no lo requieren.
“Hay desconocimiento por algunas empresas que siguen pidiendo la convalidación de títulos en profesiones que no las requieren. Algunas profesiones las requieren, pero son las que están reguladas por el Ministerio de Educación. En todo caso, sigue habiendo dificultades para convalidar los títulos de las carreras que sí están reguladas”, explicó Lina Arroyave Velásquez para Radio Fe y Alegría Noticias.
Agregó que de parte de la organización se está haciendo incidencia para que el Ministerio de Educación reduzca los costos de la convalidación de los títulos.
Xenofobia presente
En cuanto a las barreras socioculturales, las investigadoras encontraron que sigue existiendo xenofobia.
“Las personas que hacen estos procesos (de selección de personal) hacen comentarios que son xenófobos”, dijo Arroyave Velásquez.
Entre las barreras dentro del sistema laboral, la abogada destacó el aspecto financiero, pues el acceso es limitado para lograr abrir una cuenta de nómina donde se deposite el salario del trabajador.
Desigualdad salarial
Un tercer aspecto que comentó Arroyave Velásquez durante su disertación en el encuentro binacional de Aula Abierta fue la desigualdad salarial que existe entre los empleados venezolanos y colombianos, pues las personas migrantes y refugiadas reciben 24,97% menos del salario mínimo (603 918,6 COP) que los colombianos (804 913,4 COP).
“Hay personas que por la necesidad ofrecen su mano de obra más barata. Incluso, personas profesionales como ingenieros y contadores que necesitaban el trabajo y le ofrecían menos del salario mínimo. A veces la necesidad los obliga a aceptar ese tipo de condiciones laborales y se vuelve una explotación y una vulneración a los derechos del trabajo porque, incluso, ni siquiera les están reconociendo ni pagando sus prestaciones sociales”, afirmó la abogada.
“Al no poderse insertar en el mercado laboral formal, las personas tienden a buscar formas de subsistencia, una de ellas es el emprendimiento o el mercado informal”, agregó.
Radio Fe y Alegría Noticias también conversó con Alam Cooper, venezolano residenciado en Colombia, quien dijo que él es un ejemplo de alguien profesional que ha tenido que desempeñarse en un campo laboral diferente al que se formó, en su caso fue la psicología.
“Hay muchas personas que tienen la capacidad, pero no tienen la posibilidad de desempeñarse (en su área). Hay ingenieros, psicólogos y contadores públicos trabajando en un restaurante, que no está mal, porque uno se mide a lo que hay. Pero se pudiera sacar mucho provecho si se hicieran proyectos. Esto no solo nos beneficia a nosotros, beneficia a una nación que nos recibe y que va a recibir un beneficio de parte de una persona que está preparada”, contó.
“Si es complicado para la población colombiana las oportunidades, imagínate para nosotros”, añadió.
Mayor preocupación: estatus migratorio
La mayor preocupación tras los resultados del informe en la organización De Justicia, por ahora, es la implementación del estatuto de regularización por parte del Gobierno de Colombia, puesto que “las visas para aplicar son costosas, toma tiempo y es difícil”, indicó Arroyave Velásquez.
Vale hacer mención de que el Permiso Especial de Permanencia (PEP) vence el 28 de febrero de 2023, de acuerdo con la resolución de Migración Colombia. Además, aquellas personas que ingresen a Colombia de manera regular y sellen su pasaporte tienen hasta el 24 de noviembre del 2023 para tramitar el Permiso por Permanencia Temporal (PPT).
Para el centro De Justicia, Colombia y los demás Estados deberían tomar en cuenta “la grave situación de los derechos humanos que se vive en Venezuela” e implementar mecanismos que ayuden a atender a la población venezolana que presenta “dificultades para acceder a un pasaporte” y en consecuencia hace que más personas ingresen de manera irregular y no regularicen sus estatus migratorios.
“Esos son los retos que el Gobierno tiene que mirar para garantizar los derechos”, manifestó Arroyave Velásquez.
Fuente: elimpulso.ve
