Diana Bruja Palacios
Las mujeres migrantes, entre la resistencia y la vulnerabilidad, lo que buscan son mejoras en sus condiciones de vida y de sus familias, pero la respuesta de los gobiernos es separarlas de sus hijos y profundizar la violencia en su contra.
Cuesta trabajo pensar en aquellas condiciones que viven las mujeres en pobreza y pobreza extrema, que prefieren eclipsar de sus países para adentrarse a regiones desconocidas con todos los peligros existentes a lo largo de su camino, en busca de un futuro que les permita seguir con su vida.
La incorporación de las mujeres al trabajo es presentada como un paso para su emancipación, pues la independencia económica sería clave para su sustento personal y de su familia; sin embargo, la realidad es otra, en la medida que los gobiernos promueven la exclusión laboral, la precarización y la pobreza, obligándolas a huir de sus lugares de origen para mejorar sus condiciones de vida y de sus familias con la idea de cumplir el sueño americano.
Violencia: detonante de la migración de las mujeres
Otras razones que tienen las mujeres trabajadoras y pobres para migrar, aún sin documentos legales, son contrarrestar la violencia doméstica, las agresiones sexuales y los feminicidios ante la impunidad de las instituciones propias de los gobiernos que imperan de forma mucho más cruenta en países subordinados al imperialismo –como Guatemala, México, Honduras, El Salvador– sin que a su paso de miles de kilómetros se garantice sus derechos humanos: alimento suficiente, salud sobre todo en pandemia, pero también a vivir donde elijan.
A continuación, se dará un panorama general de la violencia de género en los países del Triángulo del Norte y México, cuyos gobiernos subordinados al imperialismo son los principales responsables de la pobreza, la explotación y la opresión, detonantes para las migraciones masivas encabezadas por mujeres y menores; pero que acuerdan, con políticas empresariales y leyes en contra de inmigrantes.
En su comunicado de prensa número 568/20, del 23 de noviembre de 2020, el INEGI dio a conocer que, en México, los delitos más recurrentes contra la mujer son el abuso sexual (42.6 %) y la violación (37.8 %), [1] mientras que no bajan los índices de feminicidios con 11 muertes violentas diariamente. En El Salvador, tan sólo en el primer mes de aislamiento hubo más feminicidios que muertes por Covid-19, tanto en lugares públicos como privados, atacadas por sus parejas principalmente, pero también por policías y pandillas; además del incremento de niñas embarazadas, expuestas con sus agresores, sin acceso a la protección ante la violencia física y psicológica, según datos de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa). [2]
Honduras no se queda atrás, la mayoría de las denuncias son por delitos sexuales contra las mujeres, 8 de cada 10 son atacadas, representando el 86 %; por otra parte, en abril del año pasado, se registraron 10 mil denuncias por violencia física en su contra. [3]
Cabe señalar que, en Guatemala hay una enorme dificultad para obtener datos oficiales sobre la violencia contra la mujer, pues no cuenta con un registro nacional confiable y actualizado; el último dato que arroja el Sistema Nacional de Información de Violencia en Contra de la Mujer (SNIVCM) es de 2018, con datos de 2017.
La falta de información imposibilita calcular el índice de impunidad sobre el tema principal, pero permite entender que las diferentes instituciones guatemaltecas difieren, desestiman, archivan, sobreseen o remiten las denuncias a otros juzgados y por otros delitos, siendo el principal eje el de la violencia intrafamiliar, lo que disminuye el problema real de violencia contra la mujer, [4] pero que además no es el único gobierno que lo hace.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2019 “se registraron 299 feminicidios en Honduras, 113 en El Salvador, 160 en Guatemala y 983 en México”, cabe resaltar que únicamente son las cifras tipificadas por los gobiernos como feminicidios, pero que resultan maquilladas ante las denuncias de los familiares que acusan de que se juzgan sólo como homicidios dolosos, así que no sabemos realmente cuántas son, [5] además no estamos contando las cifras negras que pertenecen a las mujeres desaparecidas.
Fuente: laizquierdadiario
