- Santos hace un balance positivo del Gobierno de coalición, pero es crítico con la fórmula adoptada por su partido para resolver la marcha de Pablo Iglesias
Carlos Sosa
Es el único consejero de Podemos en el Gobierno de Navarra, que se aglutina desde 2019 en torno al PSOE de la presidenta María Chivite y Geroa Bai, y se ocupa de un departamento de nueva creación, el de Políticas Migratorias, adherido al de Justicia. Moderadamente crítico con la solución que ha acometido su partido tras la salida de Pablo Iglesias, es mucho más intransigente con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y con el desprestigio de las instituciones que a su juicio acomete la derecha. Santos aprovechó su estancia en Tenerife esta semana, donde participó en la intersectorial de Justicia, para visitar dos centros de acogida de personas migrantes, uno de ellos el polémico de Las Raíces: “Viendo de dónde vienen los que van”. Navarra, junto con Euskadi, lidera una iniciativa que coloca a la inmigración “como un factor de progreso y de riqueza” frente a las autonomías que ven una amenaza y, en ella, un valor electoral.
¿Qué destacaría de las intersectorial de justicia celebrada esta semana en Tenerife? ¿Cuál le parece el acuerdo más relevante?
Yo creo que el acuerdo más relevante es que hay acuerdo. Y no sólo que hay acuerdo, sino cómo hemos alcanzado ese acuerdo. Es decir, yo creo que se está haciendo un buen trabajo entre el Ministerio [de Justicia] y todas las comunidades, que aquí es donde tiene sentido, digamos, compartir las competencias y que, efectivamente, hay un liderazgo del ministerio, pero hay una aportación activa de todas las comunidades y, en general, hay un acuerdo muy importante sobre la modernización de la justicia en varios aspectos, en todo lo que es la Ley de Eficiencia Procesal Digital. Todo lo que es, digamos, los fondos Next Generation que ya se han repartido, es el primer acuerdo, gran acuerdo que se llega en este sentido. Y bueno, y cómo avanzamos técnica y políticamente hacia una transformación de la justicia que yo diría que es relevante.
Pero, ¿no estamos ante un ministerio un poco cicatero para con algunas iniciativas de Podemos, por ser más concretos, hacia iniciativas del Ministerio de Igualdad?
No, no, yo creo que no. Yo creo que, y lo digo sinceramente, son leyes delicadas en todos los sentidos. Es decir, por supuesto que hay una pulsión yo creo que social y que ahí la manifiesta Podemos de que ha de avanzarse en la legislación. Pero siempre estamos hablando de legislación en un caso penal y en el otro caso que afecta al estado civil en la identidad de las personas. Y son temas que es mejor pensarlos, pensarlos bien, pensarlos con calma. Y yo diría que llegar a acuerdos amplios, todo lo amplios que sea posible. Yo creo que es más lo que se transmite de desacuerdo que el avance efectivo que se está dando. Yo creo que son dos leyes [la ley trans y la del sólo sí es sí] que al final acabarán saliendo hacia adelante y esperemos que con un consenso bastante amplio.
¿Cree que que está siendo rentable para España el Gobierno de coalición?
Yo creo que para España ya tener un Gobierno y un Gobierno estable que supere la inestabilidad política de estos últimos años y que, además, sea un gobierno que esté dispuesto a avanzar y hacer cosas ya es una noticia siempre muy positiva. Otra cosa es que se puedan criticar los aciertos o desaciertos de alguna gestión en concreto, que eso entra dentro del juego político.
¿Y rentable para Podemos?
Yo creo que Podemos no nació para plantearse su participación política en términos de rentabilidad. Yo sinceramente lo creo así. Es decir, hemos tenido y hemos venido de fuera y hemos tenido que aceptar determinadas reglas de la política. Es verdad, pero no tenemos por qué aceptar pagarlas en términos generales. Yo no sé si será rentable o no rentable políticamente, pero Podemos era una fuerza que tenía que demostrar solvencia y capacidad de gobierno. Yo en concreto creo que donde estamos, lo hacemos bien.
Hoy [por el sábado] ha estado en dos centros de acogida de personas migrantes, en Las Raíces [La Laguna], y en Santa Cruz de Tenerife. ¿Cree que se está gestionando bien desde el Gobierno de España la crisis migratoria, particularmente desde el enfoque de Canarias?
Vamos a ver, hay una crisis y una crisis que supera todas las capacidades que teníamos, con lo cual la primera crítica puede ser de previsión: en qué términos o no teníamos establecidos planes de emergencia para una cosa que podía llegar. La segunda cuestión. Yo creo que hay brechas evidentes, es decir, no a pesar de todo el esfuerzo que trabajadores y funcionarios hayan podido hacer, estamos en una crisis humanitaria que requiere respuestas complejas, pero respuestas valientes, también. Es verdad que hay que cumplir la ley, que hay que hacer todo lo posible por documentar a todas estas personas; lo tenemos que hacer rápidamente; tenemos que ver cuáles son sus situaciones de vulnerabilidad; tenemos que arbitrar sistemas seguros de asilo y refugio, y a partir de ahí tenemos que dar una respuesta a personas que lo que quieren es seguir su proceso migratorio lo antes posible. En todo esto no es blanco o negro, hay luces y sombras, pero yo creo que lo podemos hacer mucho mejor. Y creo que las comunidades autónomas tenemos que ser factores principales para contribuir al éxito de políticas que nos afectan a todos.
¿Y están las comunidades autónomas respondiendo adecuadamente al reto o está venciendo cierta cierta pulsión racista y de rechazo a la persona migrante?
Yo creo que aquí se dan dos cosas. Primero, creo que hay una falta de liderazgo del Gobierno del Estado en este tema, que se debería convocar rápidamente y lo antes posible una conferencia sectorial o interterritorial, como queramos llamar a poner en claro. Y ahí Euskadi puso encima de la mesa la propuesta Share -que Navarra refrenda- para proceder a una distribución en función de criterios de renta, de criterios de población, de criterios de todo tipo en cuanto a la posibilidad de acoger a personas migrantes. La segunda, creo que en las comunidades autónomas hay dos tipos de actitudes: las hay, entre las cuales sin duda está Navarra, que consideran la inmigración como un factor de progreso y de riqueza por razones basadas en datos incluso de tipo racional, y que por lo tanto están dispuestas a acoger y hacer planes amplios de acogida, de convivencia y planes antirracistas. Es decir, que aborda la inmigración como una oportunidad. Yo creo que en este grupo de comunidades autónomas Navarra está impulsando junto con otras de una manera horizontal un grupo de trabajo para contribuir a todo esto. Y creo que hay un grupo de comunidades autónomas que, por razones ideológicas, sencillamente creo que también influidas por los pactos con la extrema derecha, no quieren saber nada, no quieren dar pasos hacia adelante porque les complica su estabilidad el hecho de hacer una cosa tan lógica como cumplir con la legalidad y los derechos humanos. Y creo que eso es sencillamente inadmisible.
En Ceuta parecen haberse vulnerado derechos de personas migrantes, según dicen las ONG, aunque el ministro del Interior lo niega.
A mí no se me ha pasado por la cabeza que no se cumpla la ley. Y la ley lo que dice es que las personas que ingresan, aunque sea por un centro no habilitado, tienen que tener una asistencia jurídica, básicamente, y tiene que verse su situación de vulnerabilidad y tienen derecho a pedir asilo y refugio si así lo consideran, convenientemente asesoradas. Yo creo que eso es lo que se tiene que hacer. Yo no quiero pensar que el Ministerio del Interior haya dictado en algún caso instrucciones contrarias al cumplimiento de la legalidad. Yo creo que es un tema que hay que investigar sencillamente a fondo, si se ha producido alguna irregularidad y, si eso fuera así, pues exigir las responsabilidades pertinentes.
¿Qué valoración hace de la gestión que ha hecho el Gobierno de España sobre los indultos a los presos del procés?
Bueno, el propio Gobierno de España lo ha explicado. Es una cuestión de utilidad pública. Básicamente, una decisión política basada en un nuevo tiempo que deja atrás la judicialización de la política, entra en un espacio de diálogo y que para eso era inevitable de una u otra manera, que se desenmentalizara la política. Y como eso era imposible, llegamos con presos en prisión. Y ese tipo de utilización que se estaba haciendo de su propia estancia, creo que es una medida inteligente y la única que se podía dar con la legalidad en la mano. Por lo tanto, mi valoración es muy positiva.
¿Qué opina de la reacción de la derecha, que parece haberse quedado sola incluso frente a la Iglesia, frente a los poderes económicos tradicionales?
Bueno, creo que ellos mismos se han retratado. El problema de la derecha es que, con tal de atacar al Gobierno, de plantear sus postulados, se va llevando por delante las instituciones. Yo puedo entender que la derecha critique las razones de utilidad pública que puedan concurrir, porque al final es una decisión política, y como toda decisión política es susceptible de crítica. Lo que no puedo admitir, lo que me cuesta mucho más, es que se critique la propia esencia del indulto, que es una medida de gracia que lleva con nosotros… bueno, tiene origen absolutista, no digo más. ¿Por qué? Porque si tú criticas la institución, un partido de gobierno como el Partido Popular que aspira a gobernar, entonces lo que estás haciendo es destruir instituciones básicas que se encuentran en la propia Constitución. Te puede gustar más o menos su ejercicio, pero no te puede disgustar su existencia.
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra acaba de enmendar la plana a una sala de la Audiencia Provincial, la misma que no condenó por violación a la manada, por el su sentencia del caso del padre que violó a su hija de 14 años y la dejó embarazada. ¿Qué está pasando en la justicia de su tierra, si es que se puede generalizar o estamos hablando de que este tribunal es un caso aislado?
Bueno, yo tengo que ser muy respetuoso con las sentencias de los jueces y tribunales en general como consejero de Justicia. Dicho esto, yo creo que tenemos un reto, que es ponernos las gafas de la igualdad a la hora de enjuiciar hechos. Es decir, yo creo que tenemos que tener una visión de género a la hora de entender y comprender determinados hechos y que si no tenemos esa visión, luego es muy difícil que lleguemos a conclusiones que ahora mismo la sociedad está pidiendo y está aceptando. Yo no diría que sea un problema localizado, sino que diría que es un problema global que afecta a muchos de los operadores jurídicos y que, desde luego, tienen que ser cada vez más sensibles a una petición, a una demanda social que yo comparto porque estoy absolutamente a favor de que se incorpore la visión feminista también en el ámbito del servicio público que es la justicia.
Entiendo que esta carencia, que parece que es una reclamación cada vez más generalizada, no sólo afecta a la justicia en Navarra, sino a toda la justicia española. ¿Lo enlazaría con la falta de ganas que tiene el Poder Judicial actual por ser renovado, por que entren nuevos aires en el órgano de gobierno de los jueces?
Bueno, son dos cuestiones diferentes. En el año 2018 participé en una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial donde planteábamos dos temas, uno en relación con la igualdad. Es decir, se reforzó muchísimo la necesidad de motivación, la paridad en relación al género y a los nombramientos. Esa necesidad de que realmente se tuvieran en cuenta las cuestiones relativas al género en la carrera judicial. Es decir, tomamos una serie de medidas legales que ya están en vigor para que esto se produzca. Y otra de las cuestiones que hicimos en esa ley era volver atrás con la ley Gallardón. Es decir, que el Consejo General del Poder Judicial volviera a funcionar con veinte vocales de una manera colegiada, porque el actual modelo de consejo entendíamos que no funcionaba. Lo que pasa es que eso se constató al hecho de que se renovara el consejo que en aquel momento parecía inminente. Y con esto le contesto a la segunda pregunta: yo creo que la no renovación del Consejo General es un desastre sin paliativos. Quiero decir que al final todo Estado que se respete a sí mismo tiene que respetar el funcionamiento de sus instituciones. Y ahora mismo vamos por un consejo que tiene un mandato de siete años y medio, con una ley que le impide hacer nombramientos y que, por lo tanto, paraliza muchas de las cuestiones que tendrían que plantearse en un funcionamiento normal, que no ha entrado en vigor el nuevo modelo de funcionamiento del del consejo por esta paralización. Pero claro, no es lo mismo el que intenta renovarlo que el que lo impide, y al que lo impide será el que haya que pedirle cuentas.
Bueno, debemos entender que quien pierde con esta parálisis es la justicia en general, por lo tanto, el justiciable, la ciudadanía. Pero, ¿quién gana con este bloqueo?
Yo creo que perdemos todos y no gana nadie, porque la ganancia es tremendamente mezquina en términos generales. Yo creo que la gente no quiere saber, le importan menos las guerras que pueda haber de poder o entre partidos o de posiciones, lo que quiere es que las instituciones funcionen de una manera normalizada y los aciertos y desaciertos de sus instituciones formarán parte del debate político puntual y público. Lo que no se puede permitir es que se paralice el funcionamiento de una institución. Claro que pierde la ciudadanía, pierde el Estado español como institución; su pérdida de prestigio a nivel europeo en el ámbito de la justicia se puede ver afectado en un momento determinado, y por lo tanto, pierde la autoestima como Estado.
Podemos está emprendiendo un nuevo tiempo tras la marcha algo traumática de Pablo Iglesias y el nuevo congreso que ha elegido a Ione Belarra y a su equipo. ¿Es optimista ante esta nueva etapa, teniendo en cuenta lo que dicen algunas encuestas y con lo que dibuja el escenario político actual?
Yo estoy obligado a ser optimista, porque si no hubiera sido optimista y hubiera estado Podemos, ni siquiera Podemos hubiera existido. Podemos nace en una situación bipartidista en la que todo el mundo veía tremendamente difícil romper una situación de bloqueo, y hasta ahora hemos llegado y hemos cambiado muchísimas cosas. Ahora bien, yo creo que nos teníamos que haber tomado un tiempo de reflexión y un tiempo de debate, porque es verdad que claramente la renuncia de Pablo Iglesias nos colocaba ante la evidencia de un nuevo tiempo, de una nueva época, en la necesidad de elegir nuevos liderazgos, y eso requería, desde mi punto de vista, un debate más profundo, más reflexivo se ha cerrado muy rápidamente en términos congresuales. Yo echo eso en falta, pero a partir de ahí pues estoy obligado a pensar que este proyecto tiene futuro, que tiene mucha vida porque hay muchas necesidades sociales que solo Podemos representa o reivindica, también en el ámbito de las instituciones. Y ahora mismo, evidentemente es un partido esencial porque está en gobiernos.
Pero algunos analistas hablan de la inauguración de una etapa de bicefalia en Podemos: la dirección por un lado y Yolanda Díaz por el otro. ¿Esto va a ser así? ¿Habrá coordinación o habrá bicefalia?
Bueno, creo que yo no soy quién para decirlo, lo tendría que contestar en este caso Yolanda o la secretaria general de mi partido. Es evidente que hay una necesidad de entendimiento, pero también es evidente que todavía no se han dado los pasos como para configurar una bicefalia. Todavía no sabemos, en términos generales, cómo vamos a concurrir a las siguientes elecciones y de qué manera vamos a volver a reactivar este espacio del cambio. Por lo tanto, en este sentido soy prudente, básicamente porque no me corresponde a mí dar esos pasos.
Fuente: eldiario. España
