ARCHIVO – Un migrante menor de edad desembarca de un buque guardacostas español en el puerto de Arguineguin, en la isla de Gran Canaria, España, el 4 de septiembre de 2023.
Henry Ridgwell
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes alertan sobre el procedimiento que se usa en España para clasificar a los refugiados menores de edad sin acompañamiento, quienes son enviados a centros de acogida con adultos.
En lo que va de año, más de 32.000 inmigrantes han llegado a las Islas Canarias procedentes de África Occidental, la cifra más alta desde 2006.
Menores no acompañados
Moussa Camara, de 15 años, quedó huérfano tras el golpe de Estado de 2021 en Guinea, su país de origen. Eligió escapar y -según cuenta- pasó 11 días en el mar en un barco de madera en el peligroso viaje desde Senegal a la isla española de Tenerife, junto con otros 240 inmigrantes. Durante la mitad de ese tiempo, no tuvo comida ni agua. Veinte personas murieron en aquel cruce, dice, y sus cuerpos fueron arrojados por la borda del barco.
Con llagas por el sol, hambriento y deshidratado, Camara finalmente llegó a Tenerife el 27 de octubre de 2021. Pero su terrible experiencia no había terminado. Las autoridades españolas los clasificaron a él y su amigo como adultos y no como niños, lo que significa que no se les permitió permanecer en un centro para menores ni acceder a las mejores oportunidades disponibles para los menores de 18 años.
“En el centro dijimos que teníamos quince años. Pero no escribieron eso, nos tomaron como si fuéramos adultos. Pero somos niños… somos niños, pero nos enviaron aquí. Trajeron nuestros papeles. Nos traicionaron”, dijo Camara a Reuters.
La policía española envió a los dos niños a Las Raíces, una antigua base militar en las montañas de Tenerife, donde alrededor de 2.000 inmigrantes adultos esperan ser trasladados a la península de España.
Mal clasificado
En una investigación reciente, el grupo de derechos humanos Amnistía Internacional entrevistó a 29 inmigrantes en las Islas Canarias. El grupo dice que 12 de ellos eran menores de 18 años, pero habían sido clasificados incorrectamente como adultos y estaban detenidos en centros de detención para personas mayores, en violación de las leyes españolas e internacionales sobre refugiados.
“Esto es muy preocupante porque estaban junto con adultos con los que no tenían parentesco y sin la protección de las autoridades. Estábamos hablando con una niña, ella tenía 17 años, y estuvo detenida por tres días con hombres y mujeres en un lugar. Sin ningún control por parte de las autoridades. Dormía en el suelo. Y nadie preguntaba por sus necesidades”, dijo Virginia Álvarez, de Amnistía Internacional, que viajó a Tenerife y El Hierro entre el 25 y el 28 de octubre.
Derechos legales
A los niños inmigrantes a menudo la policía les confiscaba sus pertenencias, incluidos sus teléfonos móviles. A la mayoría no se les informó de sus derechos legales, según Álvarez.
“Si son tratados como adultos, pueden ser expulsados a sus países de origen. También están saliendo de la protección [del Estado]. A veces los trasladan a la península y están sin protección, están solos como menores en España o tal vez pueden viajar a otros países europeos”, dijo Álvarez.
El gobierno, abrumado
Las autoridades locales dicen que el gobierno central de España no está haciendo lo suficiente para ayudar.
“Nos han dejado con 4.700 menores, con las ONG y los recursos saturados, con dificultades porque no se hace el cribado de quién es menor y quién no, se están tardando al menos tres, cuatro meses. Y tienes adultos en centros de menores y los menores en centros de adultos. Entonces tenemos esta dificultad”, afirmó Fernando Clavijo, presidente del Gobierno regional de Canarias.
El funcionario dijo que la Unión Europea debería hacer más para abordar las causas profundas de la emigración desde África.
“¿Sabes lo que tiene que pasar una madre o un padre para meter a su hijo de seis o siete años en un cayuco con 200 o más personas que no conoce, y echarlos a mar abierto por la noche? Esta gente no lo hace por diversión”, dijo Clavijo a Reuters.
Demandas de la Unión Europea
Amnistía Internacional pide al gobierno español y a la Unión Europea que se aseguren de que los niños migrantes sean examinados adecuadamente y proporcionen rutas más seguras para los refugiados.
La Fiscalía española dijo a Reuters el 14 de noviembre que había investigado 48 casos de menores sospechosos en el campamento de Las Raíces, en Tenerife; se confirmó que cuatro de esos inmigrantes eran niños, 30 fueron enviados a un centro para menores en espera de pruebas de edad y los otros 14 aún estaban en evaluación.
Fuente: vozdeamerica
