Lisboa, 29 abr (EFE).- La acogida de refugiados ucranianos por parte de ciudadanos rusos afines a organizaciones impulsadas por Moscú en la localidad lusa de Setúbal, cerca de Lisboa, ha levantado un escándalo que ha llegado al Gobierno del socialista António Costa.
Algunos de los refugiados fueron recibidos por una funcionaria del Ayuntamiento de origen ruso, Yulia Khashin, y por su esposo, Igor Khashin, vinculado con organizaciones relacionadas con Moscú. Ambos tuvieron acceso a la documentación personal de los ucranianos, desde pasaportes hasta certificados de nacimiento.
El proceso, destapado por el diario “Expresso”, ha provocado de inmediato denuncias de organizaciones civiles y ha salpicado al Gobierno, que ha pedido ya explicaciones al Alto Comisionado para las Migraciones.
La embajadora de Ucrania en Portugal, Inna Ohnivets, denunció hace unas semanas casos de refugiados acogidos por rusos ante el temor de que las “asociaciones prorrusas con vinculación muy estrecha a la embajada rusa” utilizaran los datos personales de los ucranianos “interesantes para la inteligencia rusa”.
Entre las asociaciones mencionadas figura EDINSTVO, dirigida por Ígor Khashin, uno de los líderes de la comunidad rusa en Portugal y afín al presidente, Vladímir Putin, que, según “Expresso”, dio apoyo a los refugiados en Setúbal.
El ayuntamiento de Setúbal explicó hoy que Igor Khashin colabora regularmente desde hace años con varias instituciones portuguesas -incluido el ACM- y prestó también apoyo al municipio en virtud de acuerdos existentes con EDINSTVO.
El consistorio, en un comunicado, repudió cualquier indicio de violación del secreto sobre los datos de los refugiados, aseguró que los procedimientos municipales se han ajustado a la legalidad y pidió al Gobierno que investigue el caso.
“Hay asociaciones prorrusas apoyadas por Rusia, como Russkiy Mir, que se muestran como una organización por la paz y el amor que apoya al pueblo ucraniano, y en la práctica acogen a personas, recogen toda la información de sus familias y todo lo que hacen y la pasan a entidades rusas”, explica a Efe Roman Barchu, colaborador de la Asociación de Ucranianos en Portugal.
Organizaciones prorrusas “esconden localizadores GPS en los envíos de bienes a Ucrania”, denuncia Barchu, quien asegura también que algunos de estos grupos son reconocidos por el Ministerio de Exteriores luso o la Secretaría de Estado de Migraciones.
Desde el Gobierno portugués, liderado por el socialista António Costa, la secretaria de Estado de Igualdad y Migraciones ha pedido al Alto Comisionado para las Migraciones el esclarecimiento de lo ocurrido.
La oposición ha exigido también una aclaración. El conservador Partido Social Demócrata (PSD) solicitará la comparecencia parlamentaria del alcalde de Setúbal, André Martins -de la coalición integrada por verdes y comunistas-, y de la embajadora ucraniana.
“El PSD repudia absolutamente y considera inaceptable esta actitud por parte de las autoridades locales, en este caso del ayuntamiento de Setúbal, y de todas las entidades involucradas”, dijo en declaraciones a periodistas el vicepresidente del partido en el Parlamento, Ricardo Baptista Leite.
Otras formaciones, como los conservadores de Iniciativa Liberal y el partido de ultraderecha Chega también quieren escuchar al alcalde de Setúbal en el Parlamento. EFE
bbo/mar/si
Fuente: Swissinfo
