Poco después de que militantes armados entraran en la aldea de Kalizeta Sawadogo, en el norte de Burkina Faso, secuestraron a un amigo de su hermano mayor, cuyo cuerpo apareció después tirado en el bosque. Después, cuenta, empezaron a hablarle y a ordenarle al personal médico de la zona que no atendiera a pacientes del género opuesto.
Kalizeta, de 35 años, trabajaba como auxiliar de enfermería en el hospital local. Temiendo por su seguridad, decidió huir a la capital, Uagadugú, pero más tarde se dirigió al sur, a la frontera con Côte d’Ivoire, y cruzó a la ciudad de Sikolo. “No podía quedarme en Uagadugú porque ahí no tenía a nadie. La vida es cara. Por eso vinimos aquí. Espero encontrar trabajo”, explica.
La situación de la seguridad en Burkina Faso se ha deteriorado drásticamente en los últimos meses, con un aumento de los ataques contra la población civil y violaciones generalizadas de los derechos humanos por parte de grupos armados no estatales. Desde noviembre de 2022, más de 60.000 solicitantes de asilo burkineses han huido a países costeros vecinos como Côte d’Ivoire, Togo, Ghana y Benín.
La nueva afluencia de personas refugiadas está ejerciendo una presión adicional sobre los ya escasos recursos de los países y comunidades de acogida, que ya luchaban contra los altos niveles de pobreza y los crecientes efectos del cambio climático.
Cuando llegaron los grupos armados, todo cambió
“Sacamos agua de la bomba del mercado. Vamos ahí por la mañana, y no volvemos antes de las 2 de la tarde porque hay muchas personas y tenemos que esperar nuestro turno”, comenta Kalizeta.
“En Burkina Faso me sentía como en mi hogar, estaba en una buena casa, dormía tranquila, comía hasta saciarme. Pero cuando llegaron los grupos armados, todo [cambió]”, añade. “Ni siquiera podíamos cultivar nuestros campos; el acoso era constante. Si todo va bien en Côte d’Ivoire, no volveré a Burkina Faso”.
La mayoría de las personas que huyen son mujeres, niñas y niños, muchos de los cuales han estado expuestos a la violencia de género y han sufrido traumas psicológicos.
Koné Minata, de 44 años, huyó con sus seis hijos a Côte d’Ivoire. Utilizaban una motocicleta para cruzar la frontera en grupos de dos para evitar ser detectados por los grupos armados. “A veces atrapaban a un vecino y lo asesinaban después de interrogarlo. ¿Crees que queríamos quedarnos ahí después de eso? Por eso huimos”, señala.
Además de las 92.000 personas refugiadas burkinesas que viven ahora en seis países vecinos, la violencia desenfrenada ha desplazado a más de 2 millones de personas dentro de las fronteras del país. La inseguridad generalizada también está agravando la escasez de alimentos, y la ONU predice que 3,3 millones de personas se enfrentarán a una grave inseguridad alimentaria en los próximos meses.
Mientras tanto, quienes han huido a través de las fronteras no saben cuándo podrán regresar, o si podrán hacerlo.
“Lo manejamos lo mejor que podemos. Me duele vivir así cuando antes vivía tranquilamente en casa y disfrutaba de mi libertad, pero ahora estamos hacinados aquí”, comenta Minata. “Si la situación mejora, me alegraré, pero no regresaré por la forma en que vi cómo asesinaban a las personas”.
En respuesta al aumento de los desplazamientos, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, está aumentando su presencia en los países de acogida para apoyar a los gobiernos y a las comunidades locales en colaboración con otros actores humanitarios.
ACNUR está fomentando los esfuerzos de los países de acogida para mantener abiertas las fronteras, registrar a los nuevos solicitantes de asilo y apoyar a las comunidades de acogida.
En Côte d’Ivoire, la agencia está trabajando con las autoridades para reubicar a la población refugiada de forma voluntaria desde las aldeas fronterizas a dos nuevos asentamientos actualmente en construcción en las regiones de Bounkanj y Tchologo.
“Seguimos recibiendo nuevas llegadas de Burkina Faso casi a diario”, explica Rokya Diakite, Oficial Superior de Protección de ACNUR en Côte d’Ivoire. “Estas personas que llegan al norte de Côte d’Ivoire huyen de la persecución. Elogiamos al gobierno de Côte d’Ivoire por mantener abierta la frontera”.
“Estamos trabajando con el gobierno y otros socios para garantizar la protección de los derechos de las personas refugiadas. Continúa el registro biométrico de las personas recién llegadas, para lo que agradecemos el apoyo financiero del gobierno de Estados Unidos”.
“Este enfoque de apoyo comunitario tiene como objetivo permitir que las zonas de acogida absorban la afluencia mediante el apoyo a los servicios existentes, como escuelas, instalaciones de salud y agua, saneamiento e higiene”, comenta Diakite, de ACNUR.
Mientras tanto, Minata cuenta que espera que sus hijos puedan reanudar su educación en Côte d’Ivoire que, al igual que otros países de la región, tiene desde hace tiempo la política de incluir a la niñez refugiada en el sistema educativo nacional.
Fuente: acnur.org
