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Se reabre la frontera con Venezuela: los retos que trae esta buena noticia

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La apertura de la frontera colombo-venezolana es un acierto. Pero hay una volátil relación bilateral y múltiples desafíos sociales que se deben enfrentar con urgencia.

Hace ya varias semanas circulaban rumores de que la frontera entre Colombia y Venezuela podría reabrirse. Incluso, Silvano Serrano, gobernador de Norte de Santander, aseguraba tener el respaldo del Gobierno nacional para hacerlo posible con todas las precauciones sanitarias y lograr la reactivación económica. Hace dos semanas, la Cancillería anunció que estaba explorando la posibilidad de reabrir la frontera con medidas especiales a partir del primero de junio. Sin embargo, este lunes 31 de mayo se conoció un decreto con el que el Gobierno nacional extendía el cierre de la frontera con Venezuela hasta el primero de septiembre, siendo el único país colindante con que Colombia mantenía la restricción.  

Contra todo pronóstico, en la noche del primero de junio se publicó la resolución 1175 de Migración Colombia que adopta las medidas necesarias para que se abra la frontera en el contexto de la pandemia, de acuerdo con la autorización del Ministerio del Interior expresa por decreto.

El territorio compartido por Colombia y Venezuela tiene ya varios años sin desarrollar sus dinámicas usuales. Desde agosto de 2015, cuando Nicolás Maduro determinó cerrar la frontera, no hay paso vehicular entre el Táchira y Norte de Santander. El paso peatonal también se restringió, pero se reanudó tiempo después. En febrero de 2019, la oposición del Gobierno venezolano al paso de ayuda internacional por los puentes Simón Bolívar (Villa del Rosario), Francisco de Paula Santander (Cúcuta) y La Unión (Puerto Santander) se concretó en el bloqueo de los puntos con varios contenedores. Salvo por algunos eventos específicos, el paso peatonal se había mantenido constante hasta que, en marzo de 2020, el Gobierno colombiano determinó cerrarlo para contener la pandemia del covid.

Al menos 12 millones de personas viven en la frontera:  6,3 millones del lado venezolano (según el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela) y 5,5 millones de personas del lado colombiano (según el Dane). Cuatro estados venezolanos y siete departamentos colombianos dependen directamente de las dinámicas fronterizas. Es imposible comprender esta zona sin contemplar el movimiento pendular que caracteriza el modo de vida de sus habitantes.

El cierre fronterizo y el mínimo diálogo entre las autoridades de un lado y otro no han detenido el intercambio de bienes y servicios por los pasos informales. Mucho menos el flujo de personas. Solo los han hecho imperceptibles, irregulares e inmensurables ante los Estados. Son los grupos al margen de la ley los que se han lucrado de las restricciones con explotaciones de todo tipo, reclutamiento de menores de edad para ilícitos, extorsiones, entre otros. Fungen como la única autoridad en los pasos informales.

La decisión de abrir la frontera, por tanto, es positivo: es dar un paso hacia la reanudación de la gobernabilidad de la extensa y porosa zona colombo-venezolana. Pero los retos que vienen son múltiples.

Sin relaciones diplomáticas, la ciudadanía es la más afectada

Como era de esperarse, el Gobierno de Nicolás Maduro ha rechazado la decisión de abrir los pasos fronterizos al calificarlo como “unilateral” por parte de Colombia y alegar que tenía la intención de que esta se conciliara y coordinara. Al menos durante el primer día desde que comenzó a regir la Resolución 1175, la Guardia Nacional Bolivariana no permitió la salida de personas hacia territorio colombiano, incluso de aquellas que aseguraban tener que hacerlo para abastecerse de alimentos y medicinas o para acudir a servicios urgentes de salud.

Una decisión que debe tener una motivación social y humanitaria no puede convertirse en un pulso de fuerzas entre las autoridades colombianas y venezolanas. La política exterior de Colombia debe ser cautelosa procurando que los daños colaterales que sufran los ciudadanos por las tensiones propias de la relación entre los dos países sean mínimos. Esta debería ser una prioridad de la nueva administración de la Cancillería. Si ello se lograra, quizá serían los cimientos del reinicio de la comunicación entre los dos países para abordar al menos aspectos básicos como la reanudación de servicios consulares o de la gestión bilateral fronteriza. Esto es fundamental teniendo en cuenta que hay una población de casi dos millones de venezolanos en Colombia y una migración pendular que sigue vigente. No sobra aclarar que ello no implica un reconocimiento tácito del Gobierno colombiano hacia el régimen de Maduro.

Lo más urgente es atender a las poblaciones vulnerables de la frontera

Teniendo una frontera abierta con mayor control estatal, es urgente abordar de manera diferenciada las necesidades de algunos subgrupos de migrantes.

Por un lado, es crucial atender lo que ocurre con los venezolanos que han llegado a municipios de Arauca desplazados por la violencia en Apure, una porción de la frontera a la que se le ha prestado menos atención. Los espacios públicos del municipio de Arauquita se han quedado cortos para albergar a los miles de venezolanos que han llegado a refugiarse del conflicto que se vive por cuenta de los combates entre las Fuerzas Armadas de Venezuela y los grupos criminales. Una frontera abierta formalmente facilita el monitoreo de los puntos de entrada de esta población y permite registrarla desde el primer momento en que llega a territorio nacional; solo así se puede empezar a conocer mejor lo que está ocurriendo en ese territorio y atenderlo. Además, una presencia real de autoridades e instituciones estatales controlando los pasos fronterizos debilita la autoridad que hoy tienen los grupos ilegales en la frontera.

Por otra parte, los niños, niñas y adolescentes migrantes son una población sobre la que hay poner la lupa. Se ha vuelto común que deambulen por los pasos informales niños no acompañados o que son dejados a cargo de personas que no son sus familias. Incluso, se han visto menores en condición de habitabilidad de calle. En el contexto de la frontera cerrada, las organizaciones que podrían atender esta situación ven muy limitada su posibilidad de actuar; ahora, con la reapertura, es de esperar que se pueda empezar a hacer un seguimiento a esta población y que dejemos de ver a niños, niñas y adolescentes instrumentalizados para lograr la entrada a Colombia o abandonados en la zona fronteriza.

El covid exige redoblar esfuerzos en la frontera

La pandemia es otro de los grandes desafíos que enfrenta la apertura de la frontera.

Desde hace más de un año, con la frontera cerrada, no se realizan controles sanitarios a ninguna de las personas que llegan a Colombia a través de los pasos informales. Además, las cifras de contagio que infieren las autoridades venezolanas son poco fiables y la exposición de los migrantes irregulares al virus es incierta.

La resolución de Migración Colombia es ligera en los protocolos de bioseguridad que deben cumplir los venezolanos para su entrada y salida del país. No se exige el resultado negativo de una prueba diagnóstica del virus para entrar a Colombia y la trazabilidad a los casos positivos es compleja, a pesar de que a los migrantes se les exige registrarse en la plataforma CheckMig.

Se debe hacer un seguimiento al comportamiento del contagio en las siguientes semanas en la zona de frontera. De evidenciarse un aumento directamente relacionado con la apertura de la frontera, las autoridades sanitarias deben mitigar el riesgo con medidas epidemiológicas pertinentes en los puntos de control migratorio. De no ser así, se generaría una presión ─adicional a la que se vive por cuenta de la crudeza de esta tercera ola de contagios─ en el sistema de salud de los municipios que reciben migrantes. Y, en consecuencia, una escalada de xenofobia si los colombianos empezáramos a percibir que la causa del aumento en casos positivos es la migración venezolana. Es crucial evitar la aparición de estos escenarios de choque social, sobre todo en el escenario de integración que se espera propiciar a propósito de la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos.

Fuente: lasillavacia


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