Legalmente castigada, tolerada socialmente.
El cruel flagelo que suma números a los informes de las entidades que se ocupan de la problemática social de las migraciones fue tema de investigación de dos profesoras de la Universidad Simón Bolívar. ¿Cuáles son las causas que engrosan las estadísticas? ¿Se está aceptando convivir con esta realidad?
Las cifras entregadas por el Grupo Intergerencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (Gifmm), coliderado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) a 31 de agosto de 2021, indican que 1’842.390 personas provenientes de Venezuela residen en nuestro país, estadísticas que se equiparan con el 1’700.000, contabilizados por Migración Colombia a 31 de enero de 2021; números que sirven no solo para cuantificar las dimensiones de la migración, sino para adelantar procesos de investigación sobre el tema.
Partiendo no solo de las dimensiones que dan las estadísticas del flujo migratorio y contando con otras realidades que involucran elementos, como las economías ilegales, los paisajes de abandono estatal e indicadores elevados de desempleo y la baja cobertura en salud, entre otros, Neida Albornoz Arias, Ph.D. en Ciencias Sociales y Jurídicas, junto con Carolina Ramírez Martínez, magíster en Prácticas Pedagógicas y doctoranda en Educación, profesoras e investigadoras de la Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta, abordaron la investigación ‘Trata de Personas: Una realidad que se agrava’.
Este cruel flagelo (trata de personas) que se agudiza en territorios fronterizos, es considerado como parte de la realidad social desafortunada y debe comprenderse como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de situación de vulnerabilidad con fines de explotación”, como conceptúan las investigadoras.
En Colombia, la trata de personas es un delito en aumento, debido a las inequidades socioeconómicas y de género; en especial para la población migrante en condiciones de irregularidad. Los datos proporcionados por la OIM, muestran que en los últimos siete años hubo 686 casos, de ellos el 82 por ciento mujeres y el 18 por ciento hombres, siendo la explotación sexual el delito de mayor representatividad, involucrando a niños, niñas y adolescentes en un 12 por ciento.
Realidad que se diluye en los diálogos habituales que emplean expresiones como: “mi vida, mi problema, mi espacio, mis amigos, mis contactos”, contribuyendo con ello a la desintegración del tejido social.
Esta situación se agrava con la creciente despersonalización comunicativa y el uso de medios masivos que transforman las relaciones interpersonales por emoticones, símbolos, perfiles que obedecen a tendencias y no a realidades, permitiendo que la trata de personas crezca a través de redes especializadas, sumándose con la crisis migratoria venezolana.
El panorama, tanto en lo socioeconómico como en lo comunicativo, no se muestra despejado; es un remolino que absorbe en las históricas economías ilegales de la frontera a las migrantes mujeres venezolanas, que por su vulnerabilidad representan a una población exponencial para la trata de personas.
Titulares de los medios de comunicación dan cuenta de ello: “En Cúcuta, una red de trata de personas reclutaba venezolanas”, “22 denuncias de trata de personas en 5 años”, “A 30 años de prisión fue condenada mujer por trata de personas”.
Conjugándose con la vulnerabilidad, el silencio y la aparente indiferencia social que impera por temor a represalias de las redes y mafias criminales que hacen de este delito, una de sus fuentes de ingresos.
Tras esa falsa complicidad social, en estos tiempos de pandemia, se posicionó el concepto de “desapariciones” una respuesta social “aceptada y suavizada” que en la investigación adelantada por Albornoz y Ramírez podían asumirse como voluntarias por seguir un proyecto de vida, para evadir a la pareja, emprender viajes laborales, no asumir una deuda o evitar un problema familiar.
Implica también este delito, el uso de la terminología adecuada para distinguir el estatus de los migrantes y con ello respetar sus derechos, por ejemplo: “Trabajadores migrantes autorizados o regulares, trabajadores irregulares, visitantes-turistas, empresarios, cuerpos diplomáticos, refugiados y víctimas de trata”, razón por la cual la Convención Internacional sobre la Protección de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares, compromete a los Estados a prevenir la migración irregular y el tráfico y trata de personas.
Pese a que la trata de personas en Colombia, tiene rango constitucional para su prohibición y hay leyes exclusivas para su prevención y castigo, el común de la gente, consciente o inconsciente, lo acepta, al consentir la prostitución o la servidumbre en población migrante.
