La reglamentación en torno a la recolección y manejo de dichos datos es poco transparente y diversas organizaciones alertan que existen riesgos de privacidad para los migrantes, debido a los temores de un posible perfilamiento racial con este tipo de vigilancia, que puede llegar a impactar en las decisiones de las autoridades migratorias.
En San José, la capital costarricense, tuvo lugar el Rightscon, el congreso más grande del mundo sobre derechos humanos en la era digital, con la participación de 175 países. Uno de los temas clave de discusión fue el intercambio de datos biométricos de migrantes y otras personas en movimiento entre Estados Unidos y naciones centroamericanas.
La reglamentación en torno a la recolección y manejo de dichos datos es poco transparente y organizaciones alertan que existen riesgos de privacidad para los migrantes porque con esta vigilancia, hay temor sobre un posible perfilamiento racial que puede llegar a impactar en las decisiones de las autoridades migratorias.
Desde el año 2013, México cuenta con un memorando de cooperación no vinculante con Estados Unidos, mientras que Guatemala, Honduras y El Salvador firmaron un acuerdo similar desde el 2014.
Todos esos pactos están enmarcados dentro del objetivo de mejorar la seguridad nacional de los países, pero según las organizaciones estos acuerdos, más bien, “han abierto la puerta a la criminalización, la discriminación y la vigilancia de una población muchas veces en situación vulnerable”.
Cabe aclarar que no se trata solo de una preocupación en la región, de hecho es uno de los temas centrales de discusión dentro de la Unión Europea con su proyecto de ley o ley preliminar sobre la regulación de la inteligencia artificial.
El 14 de junio, el Parlamento Europeo se opuso a la utilización de los sistemas de identificación biométrica en tiempo real en espacios públicos pero abrieron la puerta a poder utilizarlos con autorización judicial, para perseguir “delitos graves”.
Según Amnistía Internacional, “es preocupante que el Parlamento Europeo no haya respetado los derechos humanos cuando los sistemas de vigilancia afectan a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. El Parlamento no ha prohibido los sistemas discriminatorios de elaboración de perfiles y evaluación de riesgos, ni los sistemas de previsión utilizados para restringir, prohibir y evitar los movimientos fronterizos”.
Fuente: France24
