Siete magistradas piden al Gobierno encontrar una salida laboral porque quieren “pagar impuestos”. Otras dos juristas llegarán esta Navidad
“Nosotras hemos sido juezas, entonces, respetamos las leyes de España pero no podemos ser juezas aquí porque son diferentes. Buscamos algo relacionado, tampoco podemos trabajar en un restaurante porque nos cuesta mucho”, dice en Farsi, su lengua original, Hotak que formó parte del Tribunal Supremo afgano. Vive en un piso en Getafe con sus dos madres (la adoptiva y la biológica) pagando unos 800 euros de alquiler con una ayuda de 600 para el inmueble y otros 500 para el resto de gastos. “Tengo amigos que viven en Brasil a los que les han ofrecido trabajos administrativos, otros están en Irlanda y han conseguido una beca para estudiar allí, en Australia uno de mis colegas trabaja en una consultoría del juzgado”, expresa. “Queremos unos trabajos similares, no que el Gobierno nos pague sin hacer nada, sino al contrario, queremos pagar impuestos”.
“El día que mataron a mis compañeras yo estaba de camino al trabajo. No me di cuenta, pero mi conductor me dijo que habían atacado y ese día sentí mucho miedo”, explica luciendo un hijab del mismo color rosa que su carmín. En febrero de 2021, seis meses antes de que el régimen fundamentalista llegara a la capital, dos juezas fueron asesinadas en pleno centro. Ella huyó entonces a Turquía y allí esperó meses hasta que pudo llegar a Madrid. “Cuesta mucho conseguir el visado para que entren en España. No se consigue desde Afganistán porque como Estado no se les reconoce por el derecho internacional y nadie puede entrar ilegalmente en España”, revela Gloria Rodríguez, otra de las juezas españolas de la asociación.
Ella es de las afortunadas que ha logrado una beca (dos de las siete juezas en España la tienen) en la Universidad Carlos III como investigadora. Por eso, ha conseguido clases de español extras, uno de los mayores reclamos. “¿Como van a trabajar en España si no conocen el español?”, lamenta Rodríguez explicando que algunas de las afganas solo tienen una hora a la semana. El programa para el refugiado que tutela el Ministerio de Inclusión Social prevé que las ayudas que el Gobierno otorga se extingan a los 18 meses que es cuando se supone que la persona acogida puede ser independiente. Por eso, muchas temen que llegue ese día. ”Solo queremos que nos ayuden con el tema del trabajo. Queremos trabajar, pagar impuestos y así vivir en la sociedad”, pide Hofiany mientras mese en hotel de la reunión a su bebé español de ocho meses.
Fuente: larazon.es
