Migrantes sostienen pancartas durante una manifestación contra el racismo en la capital marroquí, Rabat, el 28 de junio de 2022. © 2022 AFP via Getty Images
Es necesario investigar a fondo, preservar las pruebas y garantizar un trato digno a las víctimas
(Milán) – La muerte de al menos 23 migrantes subsaharianos en la frontera entre Melilla y Marruecos el 24 de junio de 2022 exige una investigación independiente e imparcial capaz de determinar lo ocurrido y quiénes son los responsables de tal pérdida de vidas, señaló hoy Human Rights Watch.
Las muertes se produjeron después de que casi 2.000 personas intentaran entrar en España escalando las altas vallas de alambre que rodean Melilla, uno de los dos enclaves españoles en el norte de África. Una investigación independiente e imparcial debe determinar las causas de las muertes y si las fuerzas de seguridad fueron responsables de la pérdida de vidas, con el fin de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las familias de las víctimas.
“Las imágenes de video y las fotografías muestran cuerpos inertes apiñados en el suelo en charcos de sangre, fuerzas de seguridad marroquíes pateando y golpeando a los migrantes, y a la Guardia Civil española lanzando gases lacrimógenos contra hombres aferrados a las vallas”, dijo Judith Sunderland, directora asociada para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “Los funcionarios de España, Marruecos y la Unión Europea deberían condenar esta violencia y garantizar investigaciones efectivas e imparciales para lograr justicia para las víctimas”.
Human Rights Watch se hace eco de los llamamientos por parte de organizaciones marroquíes y españolas, de la Comisaria de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y de la Unión Africana para que se lleve a cabo una investigación. El presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, ha pedido “una investigación inmediata” y recordó las obligaciones que impone el derecho internacional de “de tratar a todos los migrantes con dignidad y priorizar su seguridad y los derechos humanos, así como abstenerse del uso excesivo de la fuerza”.
Las informaciones que han circulado de que las autoridades de Marruecos podrían estar organizando entierros masivos apresurados son muy preocupantes, señaló Human Rights Watch. El 26 de junio, la Association Marocaine des Droits Humains (Asociación Marroquí de Derechos Humanos o AMDH) publicó en Twitter dos fotografías de lo que estimaba eran entre 16 y 21 tumbas que se estaban cavando en el cementerio de Sidi Salem, en las afueras de Nador, la ciudad marroquí al otro lado de la frontera con Melilla. La primera de estas fotografías fue publicada en Twitter por la AMDH a las 13:01 hora local del 26 de junio.
Al revisar estas fotografías, Human Rights Watch pudo identificar al menos 10 fosas individuales recién excavadas. El diario español El País obtuvo una fotografía de la misma fosa que publicó el 26 de junio. Al cotejar la forma del perímetro del cementerio, así como los edificios, los árboles y el paisaje que se ve en el fondo con las imágenes de satélite, Human Rights Watch verificó de forma independiente que la ubicación exacta de las tumbas se encontraba en el cementerio de Sidi Salem.
Las imágenes satelitales recogidas el 27 de junio de 2022 muestran una perturbación reciente del suelo en la ubicación de las fosas recién cavadas identificadas en las fotografías verificadas por Human Rights Watch. Esas observaciones no eran visibles en las imágenes satelitales registradas el 23 de junio, el día anterior al incidente. La conservación de las pruebas es crucial para garantizar una investigación completa. Para ello, es de vital importancia que las autoridades marroquíes hagan todo lo posible por preservar los cuerpos de una manera digna y adecuada para permitir las autopsias y la verificación de la causa de su muerte, señaló Human Rights Watch.
Las autoridades deberían hacer todo lo posible para identificar a los muertos e informar a sus familias, dijo Human Rights Watch. Tras la recogida de pruebas forenses de las lesiones y la causa de la muerte que puedan ser relevantes para la investigación, corresponde a Marruecos organizar el traslado de los fallecidos a sus familias para su entierro de acuerdo con sus deseos. Los supervivientes merecen una atención sanitaria adecuada y acompañamiento psicosocial.
A primera hora de la mañana del 24 de junio, entre 1.300 y 2.000 hombres, la mayoría sudaneses y sursudaneses, según los medios de comunicación, intentaron escalar las vallas de 6 a 10 metros que separan el territorio marroquí del español. Las autoridades marroquíes, así como algunos observadores independientes, afirman que algunos de los hombres estaban armados y eran violentos, y que murieron en una estampida o tras caer al tratar de escalar la valla.
Sin embargo, los vídeos muestran a las fuerzas de seguridad marroquíes haciendo un uso excesivo de la fuerza, incluyendo palizas, y también preocupa la actuación de la Guardia Civil en el lado español.
Las imágenes de vídeo tomadas por la AMDH en Marruecos y analizadas por el New York Times muestran a un agente de seguridad marroquí golpeando a hombres evidentemente heridos y tendidos en el suelo, y a otro agente arrojando un cuerpo inerte sobre una pila de personas.
Cualquier investigación creíble sobre lo ocurrido debería contar con la participación de expertos y observadores internacionales para mejorar, tanto en la práctica como en la percepción, la imparcialidad, la independencia y la eficacia, recomendó Human Rights Watch.
Las autoridades locales han confirmado la muerte de 23 personas, mientras que la AMDH eleva la cifra a 27, pero ha expresado su preocupación por que el número de víctimas mortales pueda aumentar. Caminando Fronteras, una organización española, calcula que hasta 37 personas perdieron la vida. Los medios apuntan a que hubo decenas de heridos.
También hay indicios de que la Guardia Civil española devolvió sumariamente hasta cientos de personas que habían conseguido escalar las vallas y llegar a Melilla, que es territorio español. Fuentes oficiales dijeron que unas 500 personas lograron llegar a España, pero que solo 133 permanecieron en Melilla. El Ministerio del Interior confirmó que “se produjeron rechazos en frontera”, sin especificar cuántos. “Rechazos en frontera” es el término de la legislación española para las devoluciones sumarias o “devoluciones en caliente”, a través de las puertas de las vallas que rodean Ceuta y Melilla, sin ninguna garantía de procedimiento ni posibilidad de solicitar asilo. Esta práctica viola el derecho internacional y de la Unión Europea (UE).
Un vídeo grabado en el lado español de las vallas muestra a las fuerzas de seguridad marroquíes arremolinándose entre. los agentes de la Guardia Civil y los migrantes. Se ve a un agente marroquí llevándose a un hombre más allá del encuadre de la cámara, mientras la persona que graba dice que los agentes marroquíes estaban deteniendo a personas en territorio español.
Aunque el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha responsabilizado a las “mafias”, los terribles sucesos del 24 de junio son una consecuencia previsible del énfasis que pone España en la disuasión y la externalización del control de las fronteras, mientras hace la vista gorda ante los abusos cometidos por Marruecos contra migrantes y refugiados. En abril, España y Marruecos renovaron sus compromisos de cooperación en materia de migración tras un periodo de tensión diplomática entre ambos países. El acuerdo consolida un modelo abusivo que ha servido de modelo para el enfoque de la UE en materia de migración y asilo.
Las fronteras que rodean a Ceuta y Melilla, los dos enclaves españoles, se encuentran entre las más fortificadas de Europa. A lo largo de los años, migrantes y solicitantes de asilo africanos han recurrido a intentos de escalar, en masa, las vallas que rodean los enclaves debido a la falta de canales de migración seguros y legales y a los obstáculos para llegar a los puestos fronterizos oficiales.
Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley exigen que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos los guardias fronterizos, apliquen medios no violentos antes de recurrir a la fuerza, utilicen la fuerza solo en proporción a la gravedad de la infracción y empleen la fuerza letal solo cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida. Los principios también establecen que los gobiernos deben garantizar que el uso arbitrario o abusivo de la fuerza y de las armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se castiga como un delito penal según su legislación.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dejado claro en varios casos relacionados con el control de fronteras que, aunque los Estados pueden tomar medidas para impedir la entrada no autorizada en su territorio, incluido el uso de la fuerza, la necesidad de controlar las fronteras no puede justificar el recurso a prácticas o el uso de la fuerza de manera que se violen las protecciones de los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a no sufrir tratos inhumanos o degradantes.
“Al otro lado de Europa, los refugiados ucranianos son acogidos, con razón, con los brazos abiertos, pero aquí y en otras partes de las fronteras europeas vemos un desprecio total por las vidas de las personas negras”, dijo Sunderland. “Los intentos a gran escala de saltar las vallas de Melilla plantean problemas de seguridad, pero no justifican en absoluto la violencia que hemos visto. Los hombres que murieron, y los supervivientes, merecen una investigación creíble y que los responsables rindan cuentas”.
Fuente: hrw.org
