Refugiados y migrantes en GreciaGETTY
Idafe Martín Pérez
La normativa europea de asilo colapsó cuando en 2015 llegaron en pocos meses a Europa casi un millón de refugiados de Siria, Iraq y Afganistán. Aquellas normas, conocidas como “Protocolo de Dublín”, decían que el país responsable de estudiar la solicitud de asilo y acoger a los solicitantes era el primer país europeo que pisaban. Grecia era incapaz de recibir en tan breve período de tiempo a tal cantidad de personas y ni siquiera era capaz de impedir que siguieran su camino rumbo al centro y el norte del continente, por lo que la Alemania de Angela Merkel dio por enterrada aquella norma y anunció que acogería a los que llegaran. Hoy, ocho años después, casi dos tercios de aquellos refugiados tiene un empleo y la mayoría habla alemán. Pero esa es otra historia.
La normativa de asilo nunca se recuperó del todo y la Comisión Europea lleva años intentando poner de acuerdo a los gobiernos del bloque. Sus intentos han sido por ahora en vano. Los países que están en primera línea de llegada de solicitantes de asilo (Grecia, Italia y España tradicionalmente) rechazan volver al redactado del ‘Protocolo de Dublín’ y exigen que quienes llegan sean repartidos por el continente.
La Comisión Europea aceptó hace años el principio de repartirlos y estudió qué criterios usar para hacer el reparto equitativo: población, renta per cápita, tasa de desempleo y otros. Pero con ningún criterio convenció a los gobiernos que rechazan por sistema aceptar a refugiados (Polonia, Chequia, Austria, Eslovaquia, Hungría…) y a gobiernos que cada vez aceptan menos (Suecia, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos…). Los gobiernos del sur exigen un reparto generoso y los del norte que los del sur impidan a esas personas viajar hacia el norte.
La última idea, salida de la mente de alguien que debe pensar que en este mundo todo se compra y se vende, es la de ponerle precio a los solicitantes de asilo. Hacer que los gobiernos paguen por no recibirlos. Así, si en el reparto a un país le tocaran por ejemplo 10.000 solicitantes de asilo en un año y no quisiera aceptar a ninguno pagaría una suma por cada uno de esos. Ese dinero iría a los países que sí los aceptan para ayudar con su acogida.
La Comisión Europea estudia, cuentan fuentes diplomáticas, poner ese precio en una horquilla que iría entre 10.000 y 22.000 euros. Así, negarse a recibir a los 10.000 refugiados de nuestro ejemplo costaría entre 100 y 220 millones de euros. Suecia, que ostenta la presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea hasta el 30 de junio (cuando la asumirá España) propone los 22.000 euros mientras que los países más reticentes a recibir refugiados, en caso de aceptar la propuesta, sólo lo harían si la tarifa a pagar por solicitante de asilo rechazada esté en la parte baja de la horquilla, en los 10.000 euros.
El brazo ejecutivo de la Comisión Europea cree que con esa propuesta puede desbloquear una negociación que se arrastra sin avances. La alternativa al pago directo sería que el país que rechaza a los solicitantes de asilo entregue el equivalente en ayuda material para su acogida.
Los ministros de Interior, responsables de los asuntos migratorios, se reúnen este jueves en Luxemburgo y lo volverán a hacer a finales de mes si esta semana no consiguen un acuerdo que ninguna fuente considera ahora mismo posible. La prioridad de la Comisión Europea es hacer que los países del sur no carguen con toda la responsabilidad de acogida porque sabe que estos seguirán entonces permitiendo que esas personas crucen irregularmente hacia el norte del bloque. La propuesta propone la reubicación de un máximo de 30.000 solicitantes de asilo al año.
Fuente: niusdiario.es
