El canciller alemán, Olaf Scholz, durante una visita a la planta de fabricación de Airbus, este viernes. /
Alemania mostró en cuestión de unas pocas horas la cara y la cruz de su política migratoria: por un lado, facilitando el acceso a su nacionalidad a millones de extranjeros; por el otro, activando un plan para la deportación de los migrantes irregulares sin perspectivas de ser aceptados.
Lo primero se concretará con la aprobación en el Bundestag (Parlamento) de la ley denominada “modernización del derecho a la nacionalidad”. Alemania entra por fin en la órbita de países que aceptan las nacionalidades múltiples –hasta ahora solo se podía conservar la anterior si el país de origen no permite su renuncia o a ciudadanos de algunos estados de la UE–. Se podrá solicitar la nacionalidad alemana tras cinco años de residencia –en lugar de ocho, como hasta ahora– o incluso a los tres años, para casos de fuerte arraigo e integración.
La regulación busca agilizar la integración de ciudadanos de origen extranjero, en un país cuya realidad demográfica es muy diversa. Uno de cada cuatro habitantes –con un total de 83 millones de personas– tiene raíces no alemanas y un 10% son extranjeros. El mayor colectivo de ciudadanos de origen no alemán es el germano-turco, con más de tres millones de ciudadanos. Responde, asimismo, a las demandas de la industria. Se estima que el mercado laboral alemán precisaría atraer a 400.000 trabajadores extranjeros para cubrir la demanda actual de personal.
Suben las peticiones de asilo
La aprobación de esta ley siguió a otra, asimismo emanada de la coalición de Gobierno entre socialdemócratas, verdes y liberales, para agilizar la expulsión de los migrantes irregulares. Se permitirá a la policía ir a buscar en su domicilio a quienes tienen orden de expulsión –incluidos delincuentes que incurrieron en delitos graves o políticamente radicalizados– y se prolongará hasta 28 días –en lugar de diez– su tiempo de permanencia en centros de reclusión hasta que se ejecute esa orden.
El año pasado, se ejecutaron unas 16.400 órdenes de expulsión, según el Ministerio de Interior. Con la nueva ley se espera lograr unas 600 adicionales cada año. Hay unos 45.000 solicitantes de asilo cuya petición fue rechazada, pero cuya presencia en Alemania es “tolerada” por razones humanitarias o porque las autoridades de su país de origen se niegan a admitirles.
Ambas leyes han sido aprobadas coincidiendo con las movilizaciones masivas contra la ultraderecha tras revelarse un plan para deportar a millones de ciudadanos por razones étnicas. El detonante es una reunión en Potsdam con asistencia de cargos de Alternativa para Alemania (AfD) y neonazis en que se abordó esta propuesta, atentatoria contra cualquier ciudadano no alemán o incluso los nacionalizados. La AfD ocupa la segunda posición en intención de voto en los sondeos.
Fuente: elperiodico
