La embarcación de madera, con 35 personas a bordo, en su mayoría tunecinos y algunos originarios del África subsahariana, volcó poco después de salir del extrarradio de la ciudad de Sfax (centro oeste), principal punto de partida de la migración irregular a Europa.
De las 70.000 llegadas de migrantes este año a la costa italiana, 37.700 lo hicieron desde Túnez, mientras los guardacostas tunecinos interceptaron a más de 23.000 personas que trataban de cruzar el Mediterráneo central, la ruta migratoria más mortífera actualmente, según el último informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
A principios de julio, al menos 1.200 subsaharianos -incluidos residentes legales y solicitantes de asilo- fueron detenidos por las fuerzas de seguridad en redadas masivas para ser expulsados a las fronteras terrestres con Libia y Argelia, en una zona sin acceso a comida, agua o asistencia.
Tras más de una semana, 600 personas que se encontraban en territorio libio fueron realojadas por la Media Luna Roja en centros de acogida, mientras cientos de ellas permanecieron bloqueadas durante más de un mes y, según las autoridades libias, fueron evacuadas tras un acuerdo con Túnez para distribuirse los grupos y reforzar las fronteras.
El Gobierno tunecino ha acusado a las organizaciones internacionales, especialmente Naciones Unidas, de declaraciones “imprecisas e incluso engañosas” sobre estas expulsiones y ha defendido que el Estado no es responsable de lo que sucede fuera de su territorio.
La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) instó a la Unión Europea a suspender el apoyo financiero a Túnez después de que firmase el pasado 16 de julio un acuerdo para reforzar sus fronteras a cambio de importantes inversiones, incluido un paquete de 105 millones de euros para rescates y “retornos voluntarios”, y aseguró que el país magrebí no es un lugar “seguro”.
Fuente: Swissinfo
