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El desespero de madres migrantes venezolanas por recuperar a sus niños arrebatados por sus padres

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POR SONIA OSORIO

A solo una semana para la Navidad, Rossana Pérez entregó su hijo de cuatro años al papá porque este prometió que lo llevaría a comprar la “ropa de diciembre” y en lugar de ir a tiendas, el padre salió de Venezuela con el niño para emprender el tortuoso y peligroso camino hacia la frontera sur de Estados Unidos, la mujer relató a el Nuevo Herald.

La venezolana, de profesión maestra, dijo que su expareja buscó al niño el 17 de diciembre de 2021 con la excusa de que lo llevaría a Maracaibo, otra ciudad en el estado Zulia cercana a Cabimas, donde ella residía, para comprarle ropa, pero pasaron los días y ninguno de los dos aparecía. Desde ese día, no lo ha vuelto a ver.

“Me enteré que el niño había cruzado el río (Grande, EEUU) con el papá. Fue mi peor Navidad, mis padres llorando, yo no dormía, eso fue horrible. Todavía estoy mal porque no he visto a mi hijo. Después pedí ayuda, me vine también detrás del niño y crucé el río el 15 de enero”, dijo en una entrevista.

Pérez es una de muchas madres venezolanas inmigrantes que tratan de luchar en Estados Unidos por recuperar a sus hijos que están con sus ex parejas, y que en algunos casos las mujeres afirman que presuntamente los utilizan con fines de inmigración.

Otras inmigrantes han logrado obtener asilo político que ampara a sus hijos, pero los padres han reclamado el regreso de los niños a Venezuela y se les ha concedido. Aun así siguen intentando que les devuelvan a los menores.

Ese es el caso de Verónica Tescari que tuvo que entregar a sus hijos de 9 y 10 años al padre después de que una corte de Apelaciones en Cincinnati, Ohio, ratificó el fallo de un tribunal que dictaminó que ella “sustrajo ilícitamente” a los menores de Barquisimeto, en el centro occidente de Venezuela, para traerlos a Estados Unidos en 2018, y que retenerlos en este país era contrario a las leyes venezolanas.

Hace dos años que los niños tuvieron que regresar con su padre, quien presentó en 2019 una petición basada en la Convención de La Haya Sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional. Una decisión que Tescari dice no comprender.

Argumentó ante el tribunal que su exesposo era una persona “física y verbalmente abusiva”, según cita la demanda, y que por la crisis económica y social de su país no era pertinente regresar a los niños, de acuerdo con los documentos judiciales del caso.

“No entiendo cómo un juez puede decir que en Venezuela no está pasando nada grave”, dijo, y recordó llorando que la partida de sus hijos fue “muy triste, los niños se fueron llorando. Es muy doloroso porque desde ese tiempo para acá yo soy una mujer muerta en vida. Mi vida eran ellos, no he podido superar la depresión, la angustia y la desesperación”.

A diferencia de Pérez que está recién llegada y buscando desesperadamente asesoría legal, Tescari tiene abogados y contó con el respaldo de la organización National Immigrant Women’s Advocacy Project (NIWAP) que, junto con su defensa, solicitó a una corte que concediera una nueva audiencia en el caso o una vista judicial con un panel de jueces.

Pero la petición fue denegada y sus abogados evaluaban la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia, dijo Tescari. La defensa de la venezolana argumentó que “Venezuela es una zona de guerra y de hambruna y que el sistema judicial venezolano es incapaz de adjudicar la disputa de custodia de las partes” y regresar a los menores los “expondría a un grave riesgo de daño físico o psicológico o someterlos de otro modo a una situación intolerable”, según los documentos judiciales.

Migrantes de Venezuela se asoman desde un vehículo de la Patrulla Fronteriza después de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México y entregarse el miércoles 16 de junio de 2021 en Del Rio, Texas. Eric Gay AP

La corte de Apelaciones dijo que ella no pudo demostrar que devolver a los niños los expondría a esos riesgos y citó un fallo de un tribunal de Florida de otro caso relacionado con un menor venezolano señalando que las condiciones actuales en ese país no alcanzan el nivel de una zona de guerra, hambruna o enfermedad.

Su abogada en Venezuela, Damarys Rangel, dijo que este es un caso de violencia de género, de violencia física, psicológica, económica e institucional. “En Venezuela se han utilizado las instituciones para acorralar a esta mujer y a sus hijos porque ella era quien ejercía la custodia permanente de los niños; por eso es que sale del país con sus hijos”, dijo.

Explicó que la Convención de La Haya es un proceso específico para determinar si los niños salen del país con o sin permiso del otro progenitor y reconoció que los menores viajaron sin autorización, pero destacó que hay excepciones cuando uno de los padres es víctima de violencia. “En el caso que nos ocupa ella es víctima de violencia.

Es inconcebible 34 procesos judiciales contra una sola persona“, incluyendo una decisión basada en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna) suspendiéndole la patria potestad no estando los niños en el país, lo que no se podía hacer en su ausencia, según la abogada. Rangel dijo que por eso insisten en señalar que las decisiones emanadas en este caso en tribunales venezolanos “están afectando al sistema de justicia estadounidense.

Hay que tener mucho cuidado y llamar a las autoridades a que estén pendientes de las sentencias emanadas de los circuitos de Lopnna en Venezuela”. Tescari aseguró que en su país hay muchas madres que nunca más pudieron ver a sus hijos por “la corrupción en los tribunales que llevan esos casos. Solamente le otorgan los niños al mejor postor o al que esté más conectado con el gobierno”.

SALIR SIN AUTORIZACIÓN

Pérez explicó que el padre de su hijo por ley debía tener un documento firmado por ella autorizando la salida al exterior del niño. Ella sospecha que el papá sacó al menor por tierra hacia Colombia y de allí viajó a México. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) de Venezuela informa en su sitio en internet que todos los menores de edad que viajan al exterior deben contar con un permiso, siempre que viajen solos, en compañía de otra persona distinta a los padres, o solamente con uno de sus progenitores.

IMG-20220421-WA0001Rossana Pérez/Cortesía

“De acuerdo con el artículo 40 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna), el Estado debe proteger a todos los menores contra su traslado ilícito en el territorio nacional o al extranjero”, detalló.

Debido a ello el SAIME exige que los menores de edad que viajen al exterior cuenten con su respectivo permiso de viaje, que puede ser tramitado ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) o por un Consejo de Protección de Niños y Adolescentes.

Pérez afirma que nunca le pidieron firmar ningún documento de salida del país y que al desconocer el paradero de su hijo presentó el 24 de diciembre de 2021 una denuncia en la Policía Nacional Bolivariana del estado Zulia, a la que tuvo acceso el Nuevo Herald. Contó que en su desesperación también “puse fotos de él y del niño en Facebook denunciando que se lo había llevado.

Cuando lo hice comencé a recibir amenazas de que lanzarían una granada en mi casa si no borraba la publicación y que el papá del niño me denunciaría por poner fotos de él en las redes sociales”. Cuando se enteró de que el padre del niño cruzó la frontera sur de Estados Unidos con el menor, Pérez dijo que intentó presentar otra denuncia y las autoridades la remitieron a Caracas, la capital venezolana.

Pérez prefirió solicitar ayuda para viajar a Estados Unidos y tratar de recuperar a su hijo. Ella sostiene que presuntamente el menor fue utilizado por el papá para lograr ingresar de manera acelerada a EEUU con fines migratorios.

“He hablado con él, pero hasta ahora no me ha querido dar al niño, tiene miedo porque en su caso (de inmigración) aparece el niño. Me pone a hablar con él una vez a la semana y le dice lo que tiene que decirme”, contó Pérez quien dijo que necesita ayuda para recuperar a su hijo.

CRUZAR LA FRONTERA SUR

John De La Vega, abogado de inmigración no vinculado con estos casos, explicó que lo que ocurre usualmente en la frontera con las personas indocumentadas es que si son padres que llegan con hijos menores de edad, las autoridades los dejan pasar de una manera más rápida. Las autoridades piden que demuestren la relación familiar que tienen y por lo general solicitan la partida de nacimiento de los niños, detalló.

Los venezolanos están realizando la peligrosa travesía de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos huyendo de la crisis política, social y económica de Venezuela. Según cifras de la Embajada de Venezuela en Washington 108,510 venezolanos cruzaron la frontera sur en 2021 y el mayor número se registró en en diciembre con 24,961.

La emigración venezolana, siete millones han salido del país, se ha convertido en la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud en el mundo, de acuerdo con Acnur. De la Vega dijo que él ha visto muchos casos similares a los de Pérez y Tescari. “Estos casos se ven bastantes. Lo hemos visto en distintos estados, como en Texas y Nueva York, en personas que tienen una lucha de custodia y los padres están en un proceso migratorio. Los papás se encuentran en Venezuela y las mamás aquí. Y son casos complicados, complejos”, dijo el abogado.

Fuente: elnuevoherald


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