Las autoridades de Letonia rechazaron este jueves la acusación de que violan los derechos de los migrantes que tratan de entrar al país báltico desde la vecina bielorrusia, formulada en un informe de la ONG Amnistía Internacional (AI) publicado hoy.
El Ministerio del Interior y la guardia fronteriza negaron, según un comunicado, las “absurdas declaraciones” contenidas en el informe, que se refiere a la situación de los migrantes, en su mayoría procedentes de Oriente Medio, que tratan de llegar a Europa por esta ruta desde el verano de 2021.
Refutaron también las “afirmaciones no verificadas de ciertas personas” citadas por AI sobre las condiciones en la frontera y sobre las detenciones arbitrarias y la tortura de migrantes y refugiados a manos de las autoridades.
“Hasta la fecha no se ha encontrado ni un solo caso en el que representantes de la Guardia de Fronteras del Estado, las Fuerzas Armadas o la Policía del Estado hayan empleado violencia física o armas especiales (tásers)”, reza el comunicado.
Ése agregó además que la Guardia de Fronteras no ha recibido por el momento ninguna queja al respecto de parte de las personas que trataron de cruzar la frontera de forma irregular.
En su informe, AI afirma que muchos migrantes y solicitantes de asilo han sido retenidos en condiciones infrahumanas, expulsados de forma sumaria e ilegal a Bielorrusia y, en algunos casos, maltratados con palizas y con la aplicación repetida de descargas eléctricas.
El documento incluye referencias a hombres enmascarados y vestidos de negro, a los que los testigos entrevistados se refieren como “comandos” y que serían los autores de gran parte de los abusos.
Una fuente conocedora de la situación declaró a EFE que los “comandos” son probablemente integrantes delas Fuerzas Especiales (SUB) del Ejército letón.
Ieva Raubiško, una antropóloga que trabaja para la ONG letona “Quiero Ayudar a los Refugiados”, dijo a EFE que su organización y otros investigadores han recogido una cuarentena de testimonios de primera mano sobre los abusos denunciados por AI, incluidas las acciones de los “comandos”.
Agregó que las autoridades letonas no deberían apresurarse a condenar las alegaciones antes de haber completado sus propias investigaciones internas en curso.
El número de migrantes que trataban de entrar en la Unión Europea (UE) procedentes de Bielorrusia subió de forma drástica en verano de 2021, después de que se impusieran sanciones contra el régimen de Minsk por el desvío de un vuelo con destino a Vilna para detener a un disidente.
Lituania y Letonia declararon el estado de emergencia y aprobaron regulaciones para expulsar de forma sumaria a quienes consiguieron cruzar, medidas que todavía están en vigor a pesar de que el número de llegadas se ha reducido desde entonces.
AI argumenta que se trata de reacciones no justificadas y rechaza que la crisis fronteriza fuera un acto de “guerra híbrida” por parte de Bielorrusia, además de acusar a Riga de discriminación y racismo, por el trato dispar a solicitantes de asilo de Oriente Medio y a ucranianos.
En este sentido, las autoridades letonas expresaron su rechazo a lo que califican de intentos de “trazar una línea” entre la “abusiva instrumentalización de la migración” por parte de Bielorrusia y, por el otro lado, los solicitantes de asilo “genuinos”, en referencia a los refugiados ucranianos.