La política de “devoluciones en caliente” del Estado contribuyó a provocar muertes de inmigrantes en 2022, según el informe anual de Human Rights Watch (HRW) publicado este jueves, que pone el foco en el deceso de al menos 23 personas en la frontera de Melilla en junio.
“Estamos preocupados sobre cómo manejó España el asunto”, así como por “lo que pueda ocurrir en el futuro”, ha dicho Hugh Williamson, director ejecutivo para Europa y Asia Central de la organización dedicada a velar por los derechos humanos en el mundo.
Complicidad con Marruecos
“Es importante que España no devuelva en caliente a personas hacia Marruecos a no ser que haya analizado de manera rigurosa sus aplicaciones de asilo”, agregó Williamson.
El informe de Human Rights Watch destaca que “las imágenes del suceso muestran a la policía marroquí golpeando a personas que escalan la valla y a la policía española utilizando gases lacrimógenos y trabajando junto con sus colegas marroquíes para enviar a gente de vuelta a través de la frontera”.
Las autoridades españolas “confirmaron que habían retornado a personas a Marruecos de manera sumaria”, subraya HRW, que alerta en el documento de que “la política de devoluciones en caliente de España contribuyó a muertes de inmigrantes en sus fronteras terrestres y marítimas“.
En diciembre, la Fiscalía española archivó la investigación sobre las muertes en la frontera de Melilla al no apreciar indicios de delito en la actuación de las fuerzas de seguridad de España.
Nueva Ley de Libertad sexual, positiva
Human Rights Watch recoge asimismo en su informe que el Estado aprobó en 2022 una “nueva ley histórica sobre violaciones y consentimiento sexual” que considera “una mejora” del marco legal, “dada la debilidad de la legislación española” hasta ahora en ese terreno.
La ley trata de “cerrar un vacío legal” que permitía que violaciones de menores fueran juzgadas como un crimen de menor rango en casos en los que no se podía demostrar que hubo violencia o intimidación.
El informe constata asimismo que “activistas han expresado preocupación” por el hecho de que la recategorización de algunos delitos permite que se reduzcan las sentencias mínimas en ciertos casos de forma retrospectiva.
Pobreza y desigualdad
La pobreza aumentó en el Estado el pasado año a raíz del incremento de la inflación, particularmente en los alimentos y la energía, subraya la organización humanitaria, que recalca asimismo que “los desalojos de inquilinos y titulares de hipotecas continuaron, a pesar de la extensión de una moratoria relacionada con la pandemia”.
El informe anual de HRW indica que el 27,8 % de la población del Estado se encontraba en “riesgo de pobreza o exclusión social” en 2021, según datos oficiales publicados en junio.
Fuente: ondavasca
