Desembarco en el puerto de Arguineguín de un grupo de africanos rescatados en alta mar.EUROPA PRESS (EUROPA PRESS)
El ministerio público hace suya la denuncia de Caminando Fronteras y estima que la demora de 10 horas del barco de rescate pudo ser delictiva
GUILLERMO VEGA
La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, ha confirmado a Efe que el ministerio público “hace suya” la denuncia presentada por la ONG Caminando Fronteras, que facilitó a las autoridades españolas la posición que permitió localizar a esa neumática, y pide formalmente que se abra una investigación penal sobre lo ocurrido.
España dejó en manos de Marruecos las labores de rescate de esa lancha neumática, que naufragó en su ruta hacia las costas canarias, según explicaron entonces a EL PAÍS fuentes de Salvamento Marítimo. El organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, señaló que en la zona en la que se encontraba la embarcación, que desde su avistamiento estuvo unas 10 horas a la espera de ser atendida, podían intervenir tanto los servicios de rescate españoles como los marroquíes.
Según Salvamento Marítimo, en este caso, al encontrarse la lancha más cerca de la costa africana —a 74 kilómetros frente a Blaya, cerca de El Aaiún, y al doble de distancia de Gran Canaria—, “Marruecos asumió expresamente la coordinación y movilizó los medios y buques que decidió en cada momento”. La portavoz del organismo asegura que este procedimiento es aplicado habitualmente por Salvamento Marítimo en colaboración con otros Estados.
Unas grabaciones del operativo de rescate, a las que tuvo acceso la Cadena SER, demuestran que hubo dudas entre el centro coordinador de Salvamento de Las Palmas y el piloto del avión de búsqueda sobre si las aguas en las que estaba la barca eran marroquíes o españolas. El piloto insistió en que se encontraban en las aguas de la zona de búsqueda y rescate que corresponde a España. La tardanza de los medios marroquíes en llegar a la zona, en todo caso, evitó una intervención más rápida. Dos días después de la tragedia, el 23 de junio, el Defensor del Pueblo anunció que inició una actuación de oficio para determinar lo sucedido.
Fuente: elpais.