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‘La ley del mar’ habla de 2006, pero podría ser 2024: las trabas para los rescates en el Mediterráneo no cesan

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RTVE estrena el domingo 21 de enero la miniserie sobre el rescate de migrantes realizado por el pesquero Francisco y Catalina; así han cambiado (o no) las cosas desde entonces.

Raquel Nogueira 

En 2006, el pesquero Francisco y Catalina se convirtió en el primer barco europeo que rescató a migrantes a la deriva en aguas internacionales del Mediterráneo. Con bandera de Santa Pola, su patrón y tripulación no dudaron en salvar a las 52 personas que, de otra manera, hubiesen acabado engrosando las cifras de desaparecidos en el mar. Ahora, À Punt Media y RTVE llevan a la pequeña pantalla, en forma de miniserie, la historia de este barco que se pasó 9 días varado a escasa distancia de la costa de Malta.

Como publicaba allá en 2006 el diario El Mundo, fue un día de pesca cualquiera en el que el José Durá, el patrón del Francisco y Catalina, y su equipo decidieron rescatar a 43 hombres, 8 mujeres —2 de ellas embarazadas— y un niño de 2 años que navegaban sin rumbo tras quedarse sin alimentos dos días atrás.

Lo que no sabía la tripulación en aquel momento era que su acto de valentía se convertiría en todo un conflicto diplomático. Cuando el Francisco y Catalina se dirigía al puerto más cercano, el de La Valeta, una patrullera les impidió el paso. Malta rechazaba, así, de manera oficial, a los migrantes.

Durante 9 agónicos días, España y Malta, con intermediación de la Comisión Europea, discutieron su futuro hasta que, finalmente, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero accedió a encargarse del traslado de los migrantes desde Malta a diferentes países de Europa.

Cualquiera podría pensar que desde aquel 2006 la ruta Mediterránea se ha vuelto más segura para las personas que huyen de sus hogares. O que los conflictos diplomáticos han desaparecido del mapa cuando una embarcación salva a quienes podrían acabar desapareciendo o muriendo en el mar. Nada más lejos de la realidad.

La crisis de refugiados de 2015

Menos de una década después de aquel rescate, la crisis migratoria estalló por completo. Los conflictos en Siria, Afganistán o Irak hicieron que 2015 se convirtiese en un año negro para el Mediterráneo. Aunque después de él, el Mare Nostrum no dejaría de vestirse de luto.

Por aquel entonces, fue complicado borrar de la retina la imagen de Aylan Kurdi, un niño sirio-kurdo que yacía, ahogado, en la costa de Turquía, y que recorrió el mundo entero. Fue, además, en aquel momento cuando Open Arms o Médicos Sin Fronteras (MSF) se lanzaron al mar para evitar que las muertes en el Mediterráneo fuesen inevitables: solo en 2015, 3.550 personas perdieron la vida en la costa sur europea. Fueron, según ACNUR, arte de los 911.000 refugiados y migrantes que llegaron, en aquel año, a las costas europeas.

“Cuando empezamos las operaciones de rescate, trabajábamos bajo la coordinación del Centro de Coordinación Marítima de Roma que indicaba las alertas, nos pasaba la información, nos daba instrucciones, nos dirigía hacia ellas y después coordinaban también los desembarcos”, explica a ENCLAVE ODS Juan Matías Gil, coordinador de los rescates de MSF en el Mediterráneo Central.

Este argentino, veterano ya en eso de salvar a quien esté a la deriva, sin importar su origen, recuerda que en 2015 y 2016 se “maximizaba la capacidad de las distintas embarcaciones que había en el mar”. Daba igual si eran barcos de la sociedad civil, como el de Médicos Sin Fronteras, o buques mercantiles o militares. “El sistema, dentro de la capacidad que tenía, era bastante eficiente”, asegura. Y matiza: “Toda la capacidad que había, se utilizaba y se intentaba maximizar”.

Y es que 2015 fue el año en el que toda Europa, incluida España, se volcó con la acogida de refugiados y solicitantes de asilo. Incluso se llegaron a colgar pancartas que rezaban Refugees Welcome en las fachadas de algunas instituciones, como en el Ayuntamiento de Madrid, por aquel entonces liderado por la líder de Más Madrid, Manuela Carmena.

2017, el año negro de los migrantes

Sin embargo, todo cambiaría en apenas dos años. El 26 de mayo de 2017, la situación del Mediterráneo se tornó límite. En solo 10 horas, los barcos de rescate sacaron del agua a 2.300 personas que intentaban buscar un lugar seguro en Europa.

En aquel año, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU contabilizó 119.069 llegadas y 2.410 muertes en el Mediterráneo. Fue ese mismo año cuando el Gobierno italiano, patrocinado por la Unión Europea, firmó un Memorando de Entendimiento sobre Migración con el gobierno libio. Se creaba, así, una Guardia Costera en Libia, encargada de patrullar el Mediterráneo, “con fondos europeos”, matiza Gil.

A partir de diciembre de ese mismo año, explica el responsable de operaciones de rescate de MSF, “la coordinación de la Guardia Costera italiana se limita solo a su zona de competencia, y se le entrega el control de zonas muy amplias a un cuerpo recién creado que, a día de hoy, 7 años después, sigue sin estar preparado para la labor que se le encomienda”. Y es que desde entonces, como han denunciado una y otra vez las oenegés, la “brutalidad” de la Guardia Costera libia no deja de crecer.

El infierno libio

“Los libios no aceptan nuestras llamadas, no comparten información, no dan instrucciones…”, reconoce Gil cuando se le pregunta sobre las consecuencias de este cambio sustancial en la vigilancia del mar del sur de la UE. Y lamenta que ni siquiera eso es lo más grave: “Lo peor es que los libios ni siquiera tienen un lugar seguro para desembarcar con garantías a los supervivientes de los rescates”. E insiste: “No lo tenían en 2017 ni lo tienen ahora”.

Porque, recuerda Gil, un lugar seguro “es aquel en el que la persona no corre peligro y sus necesidades básicas pueden ser satisfechas”. Y no lo dice él, ni MSF. Ni siquiera otras oenegés. La definición viene de la mismísima ONU. Pero esto, lamenta, no sucede en Libia, uno de los países más peligrosos para los migrantes.

Allí, las personas migrantes —muchas de ellas posibles solicitantes de asilo— son detenidas y retenidas, maltratadas, violadas, forzadas a la trata, asesinadas… No por nada, en noviembre de 2021, la misión de investigación de Naciones Unidas en Libia determinó que las violaciones de derechos humanos a las que se someten a los migrantes en el país africano constituyen crímenes contra la humanidad.

Desde Médicos Sin Fronteras alertan de que esta situación está sucediendo a las puertas de Europa. Y, dicen, “los gobiernos europeos han mirado hacia otra parte ante estos crímenes. Las abrumadoras evidencias no les han impedido hacer tratos con las autoridades libias para controlar la migración a Europa”. Entre 2017 y 2022, Italia destinó 32,6 millones de euros a misiones internacionales de apoyo a los guardacostas libios, 10,5 millones de ellos solo en 2021.

La “criminalización” de los rescatadores

Gil reconoce, además, que esta situación lo único que hace es poner trabas al trabajo de las operaciones de rescate de la sociedad civil: “Llamamos a los guardacostas italianos y nos dicen que no tienen competencias; los de Malta, que también les corresponde parte de la vigilancia, ni siquiera contestan al teléfono; y los libios no tienen un lugar seguro”.

Eso sí, Gil asegura que esta situación de desamparo e inexistencia de rutas migratorias seguras “no es casualidad” sino un “proceso premeditado”. Y es que fue en aquel preciso momento, cuando la Guardia Costera libia empezó a funcionar como vigilante del mar, cuando se lanzó lo que MSF considera “una campaña de difamación”. A las organizaciones encargadas de las operaciones de rescate se las empezó a acusar de “estar compinchadas con los narcotraficantes”.

En 2019, con el cambio de Gobierno en Italia, la “criminalización de las organizaciones se recrudeció”, cuenta Gil. La estrategia, explica, empezó a ser “obstaculizar” el trabajo de rescate en el mar “con medidas de administrativas”. Esto es, matiza, “detener los barcos cuando llegan a puerto alegando carencia de seguridad”.

Después, con la llegada de Giorgia Meloni al poder, en el último año las operaciones de rescate se han encontrado con una diatriba: “O protegemos la vida de las personas o la continuidad de nuestra actividad”, indica el jefe de estas misiones en MSF.

Todo debido a polémica norma, aprobada en febrero de 2023, que impide que los barcos de rescate realicen operaciones consecutivas. Esto provoca que “se dejen a todas las embarcaciones que viene detrás, ese mismo día, en peligro”, matiza Gil. Además, esta ley obliga a las oenegés a atracar en puertos lejanos. El argentino zanja que lo que está ocurriendo ahora en el Mediterráneo no es más que “una elección totalmente cruel, inhumana e ilegal”.

Fuente: elespanol


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