
En declaraciones a los medios de comunicación, Flavia Navarrete, en representación del Comité de Navarra de la Iniciativa Legislativa Popular, ha explicado que la campaña a nivel estatal se inició el 23 de diciembre y terminará el 23 de septiembre. Asimismo, ha destacado que esta recogida de firmas es el inicio de varias movilizaciones. “Este es un largo camino y vienen muchas movilizaciones; esto es sólo el comienzo”, ha remarcado. Si bien no ha sabido precisar el número total de firmas recabadas hasta ahora, ha señalado que “sí que se han comprometido asociaciones con 200.000 firmas”. Según ha indicado, a las personas en situación irregular “se les recorta derechos como a la salud, a vivienda, a un trabajo regularizado”. Ha resaltado, además, que “de estas 500.000 personas, un tercio son niños y niñas que han nacido en el Estado español, a los que no se les reconoce la ciudadanía por la situación administrativa de sus padres”.
Al Gobierno de Navarra le ha pedido que “se posicionen, que las instituciones deberían estar aquí con las asociaciones recaudando firmas”. Ha considerado “fundamental que tanto partidos políticos, instituciones y Gobierno se vuelquen a apoyar esta campaña”. “Aquí se van a caer las caretas”, ha añadido. En un comunicado, los colectivos que integran el Comité en Navarra para esta ILP consideran que el sistema de acceso a la residencia contemplado en la Ley de Extranjería es “insuficiente, limitado y no se ajusta a la realidad actual de las personas migrantes que viven y trabajan” en España. Algo que “genera una espiral de vulnerabilidad y desprotección que acrecienta la exclusión social e impacta en el conjunto de la sociedad”.
Han afirmado que “la irregularidad supone una condena a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de facto de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad”. Igualmente, han llamado la atención ante la “pérdida de un gran aporte económico y fiscal” ya que, entienden, “una regularización afloraría el gran potencial de sus impuestos directos y de las contribuciones de empleados y empleadores al sistema de Seguridad Social”.
Fuente: eldiario.es