Desde una óptica regional, la muy sensible cuestión migratoria debe tratarse con trazo fino y teniendo en cuenta que, tanto en América como en Europa, el liberalismo democrático y social parte del principio de que el mercado sirve a las personas. Y no al revés.
Millán Requena Casanova
Académico de la Universidad de Alicante (España)
Colaborador Programa Estudios Europeos UdeC.
EE.UU. afronta la mayor crisis migratoria en los últimos 20 años. Desde que Biden llegó al poder, los cruces ilegales en la frontera con México han aumentado un 70%. Su arribo a la Casa Blanca ha provocado un “efecto llamada” para miles de migrantes del conocido como Triángulo Norte de Centroamérica, quienes emigran desde El Salvador, Honduras y Guatemala, queriendo dejar atrás la violencia, los efectos de la pandemia y los estragos del cambio climático.
Biden ha pedido a su vicepresidenta, K. Harris, que lidere a EE.UU. en la cooperación migratoria con México y el Triángulo Norte, lo que resulta esencial para frenar la migración en la frontera sur, abriendo así un novedoso debate en el Congreso sobre la necesidad de abordar las “causas fundamentales de la migración”. Este nuevo enfoque de la administración demócrata reactiva la relevancia de los procesos consultivos regionales. Antes de la llegada de Trump al poder, en 2016 se emitió la Declaración de San José, una respuesta regional para analizar las causas de la migración del Triángulo Norte. Algunas de las principales tendencias migratorias ya se detectaron entonces: la mayor movilidad desde los países del Triángulo Norte; el éxodo migratorio venezolano, en especial en América del Sur; o el incremento de la migración haitiana. A lo que se agrega los efectos de la pandemia y las diferentes situaciones de vulnerabilidad a las que se enfrentan los migrantes. Asimismo, el llamado “Proceso de Puebla”, que incluye a Centroamérica y Norteamérica, y la Conferencia Suramericana de Migraciones, tienen como objetivo alcanzar consensos y armonizar políticas migratorias en la Región, en consonancia con el Pacto Migratorio Mundial.
En Europa, el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo de 2020 se configura como respuesta regional al desafío migratorio provocado por la crisis de 2015. Sin embargo, el mecanismo de solidaridad propuesto ha provocado una fuerte división entre dos bloques de Estados; aquéllos que se oponen frontalmente a las cuotas de reubicación de refugiados (el “Grupo de Visegrado”), desoyendo incluso al Tribunal de Justicia. Frente a los países de la frontera sur (Italia, España, Malta y Grecia), favorables a mantener la obligatoriedad de las cuotas para evitar que se repitan imágenes como la del campamento de Moria, con miles de refugiados hacinados.
Tras la entrada en vigor del Acuerdo de Retirada, el Reino Unido quiere implantar el sistema de puntos (“a la australiana”) para los trabajadores de la UE, lo que busca estratificarlos por castas en función de su cualificación profesional y nivel de inglés. Si este sistema migratorio se hubiera aplicado antes, hubiera significado prescindir del 70% de los actuales residentes europeos.
Desde una óptica regional, la muy sensible cuestión migratoria debe tratarse con trazo fino y teniendo en cuenta que, tanto en América como en Europa, el liberalismo democrático y social parte del principio de que el mercado sirve a las personas. Y no al revés.
Fuente: Diario Concepción, Chile
